Los presos independentistas son uno de los mayores obstáculos para completar el deshielo entre la Generalitat y el Gobierno. Una vez que este miércoles se complete su traslado a Catalunya con la llegada a la cárcel de Lledoners de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, las defensas de los dirigentes soberanistas volverán a pedir al Tribunal Supremo quedar en libertad provisional. Además de intentar esperar libres el juicio por el 1-O, la solicitud ante el Alto Tribunal quiere servir como una suerte de prueba del algodón hacia la nueva Fiscalía General del Estado que ha sucedido al cambio de Gobierno.
La nueva solicitud de libertad, que se presentará en los próximos días, es una iniciativa de la defensa de Sànchez, Rull y Turull, que ejerce el penalista Jordi Pina. A ella se le sumarán Oriol Junqueras y Raül Romeva, representados por Andreu Van den Eynde. Previsiblemente lo harán el resto de dirigentes encarcelados –Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Joaquim Forn y Carme Forcadell. A Joaquim Forn Llarena le ha negado por cuarta vez la libertad este martes.
La petición obligará a la Fiscalía del Tribunal Supremo a decir si apoya la libertad provisional. Aunque el ministerio público diera su visto bueno –algo que supondría un giro de 180 grados en lo sostenido hasta ahora–, los exconsellers no quedarían libres automáticamente, pues la acusación popular que ejerce VOX rechazará cualquier relajación de las medidas cautelares.
De ahí que las expectativas entre las defensas no sean muy altas, más teniendo en cuenta el único precedente: el pasado mes de marzo la sala de apelaciones rechazó dejar en libertad al exconseller de Interior Joaquim Forn en contra del criterio de la Fiscalía del Supremo, que por orden del por entonces fiscal general del Estado José Manuel Sánchez Melgar, reclamó dejarle libre si pagaba una fianza de 100.000 euros. En aquella ocasión, los magistrados se decantaron por la posición de VOX.
A nivel procesal, la solicitud se efectuará con la instrucción de la causa cerrada. El magistrado Pablo Llarena ha dado este martes por concluida la investigación, lo que implica que pierde la competencia respecto a los 18 investigados que permanecen en España. El juez les ha dado quince días para que comparezcan ante el tribunal competente para enjuiciarlos en el Supremo.
A nivel político, la petición llegará tras la primera reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra y entre las llamadas de la Generalitat para que el Estado pase de los gestos a los hechos con los presos. En esta línea, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha explicado que el ejecutivo catalán ha hecho una “reflexión” –sin concretar si Torra la trasladó a Sánchez– sobre que el cambio de algunos “actores” que sean más “presumiblemente más progresistas” podría generar cambios en la Fiscalía.
Artadi no ha ido más allá, sin precisar si espera una orden expresa de la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra –que este lunes afirmó que “no hay ningún cambio” en el ministerio público– o una variación en el criterio entre los cuatro fiscales del Supremo encargados del caso del 1-O respecto a los presos. La portavoz sí ha negado con contundencia que Torra pidiera a Sánchez forzar cambios en la posición de la Fiscalía sobre los exconsellers encarcelados. En el mismo sentido se ha expresado la defensa de Sànchez, Rull y Turull, que ha desmentido que esté “llevando a cabo negociación de ningún tipo con la Fiscalía para alcanzar acuerdo alguno”.
Más allá de los desmentidos, el episodio de la negociación negada vuelve a poner de manifiesto las diferentes estrategias de defensa observadas a lo largo de la instrucción. En un primer momento, cada uno con sus matices, todos los exconsellers acataron la Constitución. Posteriormente, los escritos de la defensa de Junqueras y Romeva han sido los más contundentes a la hora de denunciar la “persecución política” que, a su juicio, supone la causa del 1-O, si bien todos los exconsellers lo verbalizaron ante Llarena. Sólo Forn, representado por Xavier Melero, se desmarcó de esta estrategia y limitó su declaración a negar el riesgo de reiteración delictiva y de fuga.
La suspensión y el Parlament
La hipotética puesta en libertad de los diputados presos dejaría sin efecto la suspensión de funciones decretada este martes por Llarena, que ha vuelto a soliviantar a las fuerzas independentistas. El instructor, tal y como hizo cuando declaró la incapacidad para acudir a los plenos de los presos, ha interpretado a su manera el reglamento de la Cámara.
Llarena ha trasladado al Parlament la opción de designar sustitutos temporales de los diputados para que los presos no tengan que renunciar definitivamente al acta, y de paso evitar que el independentismo tenga que “renunciar a su mayoría parlamentaria durante el período de la suspensión”. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha acusado a Llarena de querer “adulterar las mayorías parlamentarias”.
Tanto JxCat como ERC quieren a esperar a recibir formalmente y a estudiar el auto de Llarena para decidir la respuesta, que de buen seguro pasará por rechazar de forma solemne en el pleno la decisión del juez. Pero más allá de esto, este martes no se han escuchado llamadas a la desobediencia, que de producirse podrían condenar al fracaso cualquier intento de los presos para salir de la cárcel antes del juicio. Así lo ha aconsejado Miquel Iceta: “Decisiones como ratificar la declaración del 9-N no ayudan a los presos y el independentismo lo tendría que valorar”.