Ciudadanos y el PSC han reclamado este miércoles explicaciones al Govern a raíz de los contratos adjudicados en la última legislatura por el dimitido director general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), Ricard Calvo. Según denunció el sindicato CGT en julio de 2017, el alto cargo del departamento de Trabajo y Asuntos Sociales habría firmado contratos con entidades con las que mantenía vinculación personal, razón por la que Calvo dimitió solo unas semanas después.
A partir de la salida del director general del departamento, en manos de ERC y que entonces dirigía la consellera Dolors Bassa, la Generalitat abrió un expediente reservado que fue acompañado después por las investigaciones paralelas de la Oficina Antifrau y de la Sindicatura de Comptes a raíz de una denuncia de la CUP. Finalmente el juzgado de Instrucción 24 de Barcelona abrió diligencias, por lo que asumió toda la investigación de las presuntas irregularidades.
La diputada del PSC Beatriz Silva ha tenido acceso a varios expedientes administrativos que apuntarían en la misma dirección, según ha avanzado este miércoles El Periódico. La información enviada a la diputada desde la Generalitat confirmaría que Calvo participó en adjudicaciones a las fundaciones Gentis, Fasi y Resilis, con las que el alto cargo mantenía una relación laboral activa aunque en excedencia. Las tres entidades además estarían relacionadas con la Fundació Plataforma Educativa, que volvió a fichar a Calvo tras su dimisión.
Los socialistas han registrado este miércoles una petición de comparecencia para que el conseller Chakir El Homrani explique la actuación de su departamento ante las presuntas irregularidades. El PSC asegura que la anterior consellera, ahora en prisión preventiva por el referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia, habría mentido al asegurar en sede parlamentaria que Calvo quedó al margen de las adjudicaciones que afectaban a estas empresas. La diputada Silva ha presentado también una batería de preguntas al conseller.
Mientras, Ciudadanos reclama que comparezca el propio Calvo en la comisión de asuntos institucionales, y reclaman conocer el expediente reservado abierto por el Asuntos Sociales. Como el PSC, el principal partido de la Cámara catalana quiere saber si la Generalitat actuó de forma diligente en la investigación interna para examinar las actuaciones de su alto cargo.
Según los datos facilitados en su momento por el sindicato CGT y que los diputados de la CUP llevaron a Antifrau, los contratos suscritos desde la DGAIA con entidades vinculadas a su director podrían ascender hasta los 98 millones de euros, lo que supondría hasta el 80% del total de las adjudicaciones públicas de la dirección general. Desde el departamento negaron en aquel momento que esa cifra fuese tal, al tiempo que aseguraron que Calvo no participó en esos procesos de contratación.