El contrato sin concurso y por la vía de urgencia con el que la Generalitat ha externalizado en una filial de la empresa Ferrovial el servicio de rastreo de contactos ha desatado este lunes una tormenta política tanto entre los profesionales sanitarios como entre ERC, que controla el departamento de Salut, y sus socios de JxCat. Si este fin de semana habían sido entidades como el Colegio de Médicos de Catalunya quienes habían reclamado que se revocase la contratación, este lunes la propia portavoz del Govern, Meritxell Budó, se ha manifestado en la misma línea y ha pedido a la consellera de Salut, Alba Vergés, que escuche esa petición.
“Tal vez lo que hay que hacer es escuchar lo que dice la comunidad médica, que rechaza esta decisión, y si es necesario, que modifiquemos lo que haya que modificar”, ha asegurado Budó este lunes en los micrófonos de la Cadena Ser. Poco después era Catalunya en Comú quien anunciaba que reclamaría la comparecencia de Vergés ante el Parlament para explicar la contratación. “Las externalizaciones y los recortes lo único que hacen es debilitar el modelo de sanidad pública”, ha lamentado Jéssica Albiach.
Una petición que el PSC ha replicado poco después pero, en su caso, para que comparezca el gerente del Servicio de Emergencias. La CUP, por su parte, ha presentado una moción en el Parlament para pedir al Govern que revoque el contrato. Los grupos de izquierda recuerdan además que el Govern ha adjudicado el contrato millonario a una filial de Ferrovial solo un mes después de que la Justicia sentenciara que la empresa financió ilegalmente a Convergència durante por lo menos una década a través del Palau de la Música.
Finalmente la propia portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha anunciado que habían reclamado a Salut revertir el contrato. La formación, que controla el área que ha suscrito la adjudicación, ha asegurado que entienden los criterios de urgencia y necesidad, y ha subrayado que a su entender todo el proceso de contratación ha sido correcto. Sin embargo Vilalta ha insistido en que prefieren que la gestión sea “directa y pública”.
Finalmente, este lunes a última hora de la tarde, el Departament reconoció que había mantenido reuniones durante el día y que estaba explorando fórmulas para “revertir el contrato y tener una alternativa mejor y cuando antes”.
La polémica respecto a este contrato surge, en un comienzo, por las circunstancias en las que se realiza. La adjudicación se llevó a cabo por un procedimiento de urgencia que la ley permite en el caso de pandemia, pero que elimina la obligación de celebrar un concurso público, por lo que la elección de Ferroser –filial de Ferrovial– es “a dedo”. Otras voces aluden además a la elevada cuantía del mismo, que asciende a 17,6 millones de euros en total, lo que lo convierte en uno de los contratos más importantes de los suscritos por la vía de urgencia.
Desde el departamento de Salut en cambio aseguran que la contratación se ha llevado a cabo por procedimientos de urgencia porque una licitación ordinaria tarda meses en adjudicarse y formalizarse, un tiempo del que no disponen. “Se encarga a la empresa la empresa Ferroser Servicios Auxiliares, perteneciente al grupo Ferrovial, ya que esa empresa es la que actualmente presta el servicio de teleoperadores del 061, pues fue la ganadora del último concurso de este servicio”, indican fuentes del departamento. “Por esta razón se consideró que era la empresa que con más facilidad y capacidad podía responder a esta contratación de emergencia”, apuntan.
Pero las explicaciones no convencen ni a la oposición ni a los sanitarios, un colectivo que se ha mostrado muy crítico contra esta decisión. “Pedimos que se revierta el contrato porque ha hecho sin contar con la atención primaria, sin ni siquiera consultar a los médicos y sin hacer una fotografía completa de qué necesita cada uno en el ámbito sanitario”, explica el vicepresidente del Colegio de Médicos, Jaume Sellarès. Para este médico es incomprensible que la Generalitat haya optado por “quitar” este servicio a los médicos de familia que venían haciéndolo durante los últimos meses.
Bajo el punto de vista de Sellarès, el servicio de rastreo de contactos debe hacerse bajo la coordinación de Salut Pública y preferentemente por parte de los servicios de atención primaria de cada paciente. Si estos no llegan, en un momento de pico o por otras circunstancias, es aquí donde un servicio como el que ofrece Ferrovial tiene sentido, según afirma el responsable del Colegio. En este sentido, Sellarès no discute la contratación de este servicio o el precio a pagar por él, pero considera que deben aportarse recursos de forma conjunta a todo el servicio sanitario y pactar con los profesionales los cambios que se hagan.
Miles de llamadas diarias para contener el virus
El servicio que está en el centro de la polémica es un programa de rastreo de contactos de las personas con las que haya interactuado un paciente positivo por COVID-19 durante los días anteriores. Según se indica en el contrato formalizado, el servicio contactará telefónicamente con todos los contactos de riesgo que haya tenido cada positivo para informarles de qué tienen que hacer, aislarlos y realizarles un seguimiento durante 14 días sobre la evolución del posible contagio.
Según prevén los técnicos de Salut, cada día con la enfermedad bajo control se producen 300 positivos, con una media de siete contactos cada uno. A estos hay que realizarles, de media, unas tres llamadas a lo largo del ciclo de seguimiento, lo que suponen 2.100 llamadas diarias. Pero esta cifra aumenta exponencialmente si hay un rebrote. Según las previsiones que maneja el departamento, en la próxima Navidad podrían encontrarse de nuevo con una situación de 2.000 contagios diarios en el pico del rebrote. Si esto fuese así, las llamadas que el servicio debería hacer serían 42.000 diarias. Algo para lo que Salut considera que podría llegar a necesitar 900 “rastreadores”, solo durante las semanas de pico.
Es así como justifican un contrato de 17 millones, de los que casi la mitad son variables, en función de la evolución de la epidemia. “El valor anual del contrato con el número de rastreadores actuales [son unos 200] es de unos nueve millones de euros y podría llegar a los casi 18 millones si se contratasen la totalidad de los rastreadores en caso de necesidad”, explican fuentes del Departamento. “Esta contratación sólo crece si crecen el número de casos”, indican, pero insisten que necesitan estar preparados para el peor escenario posible en el próximo otoño.
Una gestión privatizada y menos personal
Más allá del debate sobre la privatización del servicio, los profesionales sanitarios ponen el acento en los problemas que genera sacar el rastreo de los centros de primaria, que es la puerta de acceso al sistema, de alta calidad y que acostumbra a tener una relación muy estrecha con el paciente.
“El seguimiento y detección de casos es una tarea que lo lógico es que la haga la atención primaria en colaboración con la Agencia de Salut Pública, como se ha venido haciendo hasta el momento. El problema es que Salut Pública, con los recortes de 2010, se quedó sin estructura y casi la hacen desaparecer”, asegura Meritxell Sánchez-Amat, médica de familia en el barrio del Besòs y presidenta del Fòrum Català d'Atenció Primaria.
Sánchez-Amat asegura que la Generalitat tiene un “tic recurrente” de generar estructuras paralelas en la sanidad, en vez de reforzar los recursos que ya tienen. “Hay toda una estructura en atención primaria que existe, que es eficaz y que puede reforzarse, por eso no entendemos que no se refuerce y que se apueste por servicios que no sabemos cómo funcionarán”, explica la médica. La doctora además hace hincapié en el sistema individualizado de la atención primaria: “Son el médico y la enfermera quienes conocen perfectamente a un porcentaje muy alto de los habitantes del barrio, son referentes y pueden orientarles personalmente”.
En el mismo sentido se expresa Sellarès, quien opina que de entrada debe ser la atención primaria la que haga la labor de rastreo, porque siempre será mejor. “No es lo mismo que te llame un servicio telefónico, que lo hará con la mejor voluntad pero que será casi automático, a que te llame tu médico, a quien ya conoces, y te diga que te confines”, explica el vicepresidente del Colegio de Médicos. “Si tenemos la capacidad de ofrecer un servicio excelente a través de médicos y enfermeras, no tiene sentido renunciar a ello”, añade el doctor.