Avanza la investigación penal contra políticos independentistas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que declare como imputado –investigado, con la nueva denominación– el concejal de la CUP en Vic, Joan Coma, por un delito de “incitación o provocación a la sedición”. Según la Fiscalía, el edil alentó a desobedecer a instituciones españolas, como el Tribunal Constitucional, durante un pleno de Vic que aprobó apoyar la declaración de inicio del proceso de independencia del Parlament del 9 de noviembre del año pasado.
Vic aprobó la moción de apoyo a la resolución independentista con 16 votos a favor de los 21 ediles que componen el pleno, correspondientes a CiU, ERC y la CUP. En aquella sesión, Coma reclamó “dejar de supeditar las decisiones de nuestras instituciones a las instituciones españolas” y instó a desobedecer instituciones españolas como el Tribunal Constitucional, tal como lo hace la declaración aprobada en el Parlament y suspendida unos días después por el mismo tribunal.
La Fiscalía considera que las palabras de Coma en el pleno incitaban a “impedir fuera de las vías legales la aplicación de las leyes y el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”. Añade que hay que tener en cuenta que Coma “es persona constituida en autoridad” y que realizó sus manifestaciones de manera pública. Subraya que en estas manifestaciones Coma llamó “expresamente” a la desobediencia a resoluciones judiciales y “se da un alcance a las mismas más allá de sus intenciones”. Los Mossos d'Esquadra, en su informe, señalaron que Coma realizó su intervención en en tono muy exaltado.
La petición del ministerio público sobre Coma llega en un momento de aceleración de los procesos judiciales contra políticos independentistas. El Constitucional y el Supremo avalaron este jueves la vía penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el diputado de Convergència en el Congreso, Francesc Homs. La causa del 9-N, en la que está investigado Homs en el Supremo, está lista para ir a juicio en Barcelona. El expresident de la Generalitat, Artur Mas; la exvicepresidenta, Joana Ortega; y la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau, se sentarán en el banquillo por la consulta soberanista.
El Parlament, en una de las resoluciones aprobadas este jueves en el debate de política general, asumió el compromiso de defender a “todos los cargos electos” que estén “amenazados” o “perseguidos” judicialmente por la organización de la consulta del 9-N o por cualquier otro acto vinculado con el proceso soberanista.