La Fiscalía ha pedido absolver a dos actuales dirigentes de Vox en Barcelona, Mónica Lora y Joan Garriga, y a otras once personas, entre ellas a Josep Anglada, expresidente de Plataforma por Catalunya (PxC), procesadas por un presunto delito de incitación al odio por haber repartido propaganda contra los inmigrantes musulmanes en varias poblaciones durante las elecciones municipales de 2011. Por contra, la acusación particular, que ejerce el letrado Hilal Tarkou en nombre de la asociación Watani, pide para cada uno de ellos cuatro años de prisión.
En la fecha de los hechos, Lora y Garriga –actuales secretaria-tesorera y presidente de Vox en Barcelona– y el resto de acusados formaban parte del consejo ejecutivo de PxC, un partido catalán xenófobo ya desaparecido y del que se han nutrido las listas de Vox en las últimas municipales. Como parte de la propaganda electoral de los comicios de 2011, los acusados repartieron un cheque simulado con un nombre falso, Mohamed A.S., por importe de 4.000 euros, en cuyo reverso se decía –falsamente– que el Parlament había repartido 4.000 millones de euros para que cada inmigrante recibiera 4.000 euros.
En la propaganda electoral de PxC también constaba su lema, “primero los de casa”, así como llamadas a la eliminación de plazas escolares reservadas a inmigrantes. Los folletos incluían falsedades como que “7 de cada 9 puestos de trabajo son para los inmigrantes”, colectivo al que definían como “mano de obra que genera competencia desleal con pérdida de derechos laborales y salarios a la baja”.
La propaganda de PxC también afirmaba, pese a ser mentira, que a los inmigrantes “se les paga el piso, subsidios cotizados, recibos de agua y luz, becas escolares, cheques bebé y avales para farmacia o supermercado”, que “incumplen horarios, trabajan sin cotizar, exentos de impuestos”, y que sus comercios “acaban con el tejido comercial”. Asimismo, el partido xenófobo vinculaba –otra falsedad– a los inmigrantes a las “mafias”, y llamaba a no empadronarles y a rechazar las mezquitas, entre otros mensajes.
Toda esta propaganda no es constitutiva de delito, a criterio de la Fiscalía. Distinto criterio tiene la acusación popular. En su escrito, el letrado Hilal Tarkou sostiene que los folletos y mensajes de PxC suponen “una evidente minusvalorización o trivialización de los inmigrantes musulmanes”. “El contenido de la propaganda de PxC va más allá de la mera exposición de una idea o una opinión y se trata de una manifiesta incitación al odio y a la violencia”, añade el abogado para combatir el principal argumento de la defensa, que alega que la propaganda está amparada por la libertad de expresión. El letrado pide además que los acusados paguen 67.000 euros, esto es, un euro por cada voto obtenido por PxC en las municipales de 2011.
El juez instructor del caso decidió dejar a un paso del juicio a los once acusados al considerar que la propaganda “excede los límites de la libertad de expresión y golpea el núcleo de la dignidad humana”. Según el juez, el “discurso de odio” incluido en la propaganda de PxC “supone una incitación a que el resto de la sociedad fabrique un enemigo artificial y predispone a que se dé el caldo de cultivo adecuado para que, en un momento como la crisis económica que se manifestó con toda su virulencia en 2011, se pueda llegar a canalizar cualquier acto violento contra estos inmigrantes”.