La Fiscalía y la Generalitat piden cuatro años de cárcel a un fotoperiodista por “arrojar una valla” a un mosso
Cuatro años de cárcel por “arrojar una valla” a un mosso d'esquadra durante las protestas que siguieron al desalojo del centro social okupado Banc Expropiat de Barcelona en 2016. Es la pena que solicitan la Generalitat y la Fiscalía contra el fotoperiodista I.G. por los presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. El fotoperiodista, que ha recibido el apoyo de colectivos profesionales este lunes, niega que lanzara valla alguna y solicita su absolución.
Los hechos por los que el fotoperiodista irá a juicio sucedieron la noche del 25 de mayo de hace tres años. El intento de reabrir el Banc Expropiat acabó en una segunda noche de cargas policiales en el barrio de Gràcia de Barcelona. Es en este contexto en el que Fiscalía y Generalitat, que ejerce la acusación particular, sitúan el supuesto lanzamiento de la valla contra un agente de los antidisturbios de los Mossos mientras se dispersaba a un grupo de manifestantes.
Según las acusaciones, el impacto de la valla provocó que el agente se rompiera el talón de Aquiles además de otras lesiones pro las que reclaman al fotoperiodista indemnizaciones de 40.222 euros y 69.055 euros respectivamente. Por contra, la defensa del fotógrafo alega que en el momento en que los Mossos cargaron, el acusado, junto a otros fotoperiodistas presentes en el lugar de los hechos, “se apartó y empezó a correr”, por lo que “en ningún momento efectuó un lanzamiento de una valla, ni agredió ni a un agente de los Mossos d'Esquadra ni a otra”.
La acusación contra el fotoperiodista ha suscitado la reacción de la profesión, que ha arropado a I.G. este lunes. En una rueda de prensa celebrada en Barcelona, colectivos de fotoperiodistas y el grupo de periodistas Ramon Barnils han apoyado al acusado y han advertido de que en los últimos meses vienen detectando que los Mossos d'Esquadra “obstaculizan” el trabajo de los informadores durante la cobertura de protestas y manifestaciones.
Por ello, junto al centro Iridia de defensa de los derechos humanos, el grupo Ramon Barnils ha lanzado el manifiesto 'Basta de ataques a los y las profesionales de la información' (consultable en catalán). “Cuando se denuncia o se arresta a un fotógrafo, un cámara o un redactor por haber hecho su trabajo, se apuñala la transparencia imprescindible en una sociedad justa”, reza el manifiesto, que lamenta que la conselleria de Interior no haya respondido a las quejas de los profesionales.
El fotoperiodista Carles Palacio, al que la Policía detuvo sin orden judicial en Girona, ha explicado que este viernes deberá comparecer ante el juzgado por haber cubierto un corte en las vías del AVE en Girona. “Son cada vez más casos y es intolerable”, ha indicado.
