La Fiscalía ve una organización criminal en 28 de los 30 procesados en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O. El Ministerio Público ha solicitado a la jueza añadir este delito a los de malversación, desobediencia, prevaricación o falsedad documental por el que fueron procesados los altos cargos, entre ellos la cúpula de los medios públicos catalanes: la presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Núria Llorach y los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo.
En su escrito de recurso contra el procesamiento, los fiscales solicitan incluir el delito de organización criminal porque, a su juicio, 28 de los 30 procesados intentaron “de forma concertada y permanente en el tiempo y con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de Cataluña del Reino de España mediante su aportación individual y jerarquizada”.
El “objetivo delictivo” de los altos cargos que conformaron la supuesta organización criminal fue “celebrar el referéndum hacia la independencia”, según los fiscales. Se trata de un delito del que la Fiscalía del Supremo no acusa a los exconsellers en el Supremo, pero que el Ministerio Público sí considera aplicable a los funcionarios y altos cargos que serán juzgados en Barcelona. Solo Vox acusa de organización criminal a Forcadell, los 'Jordis' y los exconsellers en el Supremo.
El escrito dirigido a la jueza de Barcelona, firmado por los fiscales anticorrupción Fernando Maldonado y Teresa Duerto, además de la fiscal del caso, Isabel Nevot, argumenta que el auto de procesamiento de la jueza expone una serie de acciones, contrataciones y decisiones de los altos cargos para impulsar la votación de manera coordinada, pero obvia luego procesarles por el delito de organización criminal –castigado con hasta ocho años de cárcel– cuando se dan los requisitos para ello.
Jerarquía, roles y estabilidad
En concreto, argumentan los fiscales, el delito de organización criminal es aplicable a los altos cargos porque hay indicios de que conformaron una agrupación jerárquica –liderada por el president de la Generalitat y los consellers–, con papeles repartidos –cada uno desempeñaba un rol en sus puestos de trabajo en favor del 1-O– y vocación de estabilidad o permanencia en el tiempo –ya que el procés empezó en 2012 y el plan soberanista se consumó en el otoño de 2017, según los fiscales .
De esta forma, si la jueza Alejandra Gil acepta la petición fiscal, todos los procesados se expondrán a penas de cárcel, y no solo los 17 a los que la jueza atribuyó los delitos de malversación, falsedad documental o revelación de secretos. Por otro lado, en su recurso, la Abogacía del Estado se desmarca de la Fiscalía y no pide el procesamiento por organización criminal. Tan solo reclama incluir más contratos de la Generalitat en el delito de malversación.
Los altos cargos a los que los fiscales reclaman añadir el delito de organización criminal forman parte de distintos departamentos de la Generalitat. De la conselleria de Presidencia, la petición fiscal incluye al secretario de Comunicación del Govern, Antoni Molons (procesado por malversación y prevaricación); el exsecretario general de Presidencia Joaquim Nin (procesado por malversación, desobediencia y prevaricación; el director general de comunicación, Jaume Clotet (procesado por malversación).
Del departamento de Exteriores, los afectados por la solicitud de la Fiscalía son el director general de Relaciones Institucionales, Aleix Villatoro (procesado por malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación); el exdirector de la delegación del Govern ante la UE Amadeu Altafaj (malversación y prevaricación) y el exsecretario general del Diplocat Albert Royo (malversación y falsedad documental).
Los fiscales también ven en la organización criminal a los procesados del departamento de Trabajo. Se trata de su secretario general, Josep Ginesta; el responsable del área informática de la conselleria, David Palanques; y el informático David Franco, todos ellos procesados por malversación. De la conselleria de Economía los afectados son el director general de Patrimonio, Francesc Sutrias (procesado por malversación y desobediencia); y la directora de servicios, Natalia Garriga (malversación).
Empresarios y la cúpula de los medios públicos
La petición se extiende a Llorach, Sanchis y Gordillo y al director de marketing de la CCMA, Martí Patxot, que tan solo habían sido procesados por desobediencia, delito castigado con penas de inhabilitación. Del sector privado, los fiscales acusan de organización criminal al exdirector general de Unipost, Pablo Raventós; a la directora general de T-Systems, Rosa María Rodríguez; y al administrador de la revista El Vallenc, procesados por malversación y desobediencia.
Dentro de la supuesta organización criminal los fiscales también incluyen a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal (procesada por malversación, desobediencia y falsedad documental); al director del instituto catalán de Estadística, Frederic Udina (procesado por desobediencia y revelación de secretos por el censo del 1-O); y a la directora de la agencia catalana de protección de datos, Àngels Barberà, que fue exculpada por la jueza Alejandra Gil y no fue procesada.
Asimismo, la secretaria del juzgado 13 –uno de los testigos claves de la acusación contra los 'Jordis' por la protesta del 20-S en Economía– ha solicitado averiguar el patrimonio de los 17 procesados por malversación después de que aportaran 3,8 de los 5,8 millones de fianza, han informado fuentes judiciales. Se trata de un trámite habitual en estos casos que no comporta el embargo directo de los bienes, han informado las mismas fuentes.