La Fiscalía cree que Iberpotash “no da solución” para descontaminar los pozos de agua

El plan que Iberpotash presentó para cumplir con la sentencia de 2016 que le obligaba a descontaminar los pozos y acuíferos salinizados por su actividad minera es, como mínimo, insuficiente. Así lo cree el fiscal de medio ambiente y urbanismo Antoni Pelegrín en un escrito dirigido al juez de Manresa encargado de ejecutar la sentencia por la que se condenó a tres exdirectivos y a la compañía a sufragar el coste de la recuperación ambiental de la zona. 

El fiscal cree que el plan presentado por la empresa “no da solución” a la recuperación ecológica de la zona del Bages contaminada. Añade Pelegrín que que si la empresa no presenta una propuesta ajustada al fallo de la Audiencia de Barcelona, el juzgado encargará un proyecto con ese objetivo a la Generalitat y su coste “será asumido” por Iberpotash y por los condenados.

“El plan no advierte de qué manera se evitará que los grandes depósitos de residuos dejen de aportar al subsuelo y, por tanto, a las aguas subterráneas, lixiviados con alto grado de contaminación”, expone el fiscal, que también destaca que varias de las obras contempladas por la empresa “no se aprecia que se vayan a hacer o se estén haciendo de manera inminente, teniendo en cuenta que la ejecución de una sentencia penal no puede durar eternamente”.

La sentencia obligó a los tres condenados y a la empresa a asumir el coste económico de la recuperación ambiental de la zona hasta que se eliminara la elevada salinidad de las aguas. Debido a la contaminación salina, estos acuíferos de la comarca del Bages no se pueden destinar al consumo humano o del ganado. Además de afectar a una docena de pozos y fuentes, los escombros salinos también causaron filtraciones de agua contaminada a los ríos Cardener y Llobregat.

La recuperación de les zonas dañadas implica la limpieza de los pozos contaminados, la paralización de los vertidos de sal al subsuelo así como “todas aquellas medidas de restauración que sean necesarias para preservar y mantener el equilibrio ecológico perturbado”. El nuevo escrito del fiscal es el último de un caso que nació de una denuncia presentada en 1997. Casi veinte años después, la Audiencia de Barcelona sentenció que “se depositó material salino directamente sobre el suelo y sin adopción de medida ambiental alguna que evitara tal contaminación”.

Fuentes de Iberpotash han defendido el plan presentado el año pasado para dar cumplimiento a la sentencia está pendiente de que el juzgado designe un perito que valide su ejecución. Han añadido que su proyecto, valorado en unos diez millones de euros, incluye más medidas de las que que le obligó la sentencia. La Fiscalía, no obstante, lo ve insuficiente y quiere que la empresa presente uno nuevo con propuestas de aplicación inmediatas y más concretas.