La Fiscalía no ha incluido a ningún ministro del Gobierno de Mariano Rajoy, ni tampoco al expresidente, entre los 256 testigos que ha solicitado que declaren en el juicio al 'procés' en el Tribunal Supremo. Los máximos responsables del anterior Ejecutivo que el ministerio público ha pedido que testifiquen son el exdelegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, y el exsecretario de Estado de Seguridad, Juan Nieto, número dos de Juan Ignacio Zoido en el ministerio del Interior. Así consta en el listado de testigos propuestos por la Fiscalía al que ha tenido acceso eldiario.es.
En todos los juicios Fiscalía y defensas proponen sus testigos para reafirmar sus respectivas tesis. En el caso del 'procés', la Fiscalía ha calificado el otoño soberanista de 2017 como un delito de rebelión por la “violencia” que, a su juicio, promovieron los líderes soberanistas hacia los votantes que se congregaron y “atacaron” a los agentes de la Policía y la Guardia Civil el 1-O.
De ahí que se proponga citar a un total de 99 agentes de ambos cuerpos lesionados el 1-O, que suponen el 38% del total de testigos propuestos por el ministerio público, y a ninguno de los votantes heridos por las fuerzas policiales. De hecho, la Fiscalía cree que la cifra que dio la Generalitat de un millar de personas atendidas por la actuación policial “fue manipulada para magnificar la represión, pues en un elevado porcentaje de casos la atención médica fue como consecuencia de mareos y crisis de ansiedad, y no de lesiones causadas por los funcionarios policiales”.
Además, la Fiscalía ha solicitado que testifiquen otros 39 agentes, incluido un comisario y varios inspectores y subinspectores, del Cuerpo Nacional de Policía sobre hechos relativos al 1-O, así como 35 agentes, entre ellos varios oficiales, de la Guardia Civil que participaron bien en el operativo para el referéndum bien en los registros del 20 de septiembre, otra de las jornadas violentas del 'procés', a criterio de la Fiscalía. De esta forma, un 70% de los testigos propuestos por la Fiscalía son miembros de ambos cuerpos de seguridad.
Por lo que respecta a los mandos máximos, el ministerio público ha reclamado la comparecencia de los jefes de la Guardia Civil y Policía Nacional en Catalunya el 1-O, Ángel Gozalo y Sebastián Trapote. Y del ámbito político del Ministerio del Interior, además de Nieto se ha solicitado que testifiquen el por entonces secretario general técnico, Juan Antonio Puigserver, y el exdirector del gabinete de coordinación de la secretaría de Estado de Seguridad y mando único del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos.
Ni Trapero ni Jové
Por el lado de los Mossos, se ha pedido citar a los comisarios jefes de planificación y de la comisaría general de información, Emilio Quevedo y Manuel Castellví, los responsables policiales que, junto al exmajor Josep Lluís Trapero, pidieron a Junqueras, Forn y Puigdemont suspender el 1-O ante el riesgo de violencia, según los fiscales. Pese a su responsabilidad en el 1-O, Trapero no forma parte de los testigos propuestos por la Fiscalía. Hay un único testigo protegido, que precisamente es un agente de la policía catalana.
Entre las defensas ha llamado la atención que la Fiscalía no haya propuesto como testigos a Trapero ni al exnúmero dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, habida cuenta del papel fundamental de ambos en el plan soberanista que les atribuye el ministerio público. De Jové, la Fiscalía dice que fue, junto a Junqueras, “coordinador general de toda la actividad de planificación y organización del 1-O”, mientras que de Trapero se destaca que estuvo en “permanente” contacto telefónico con Jordi Sànchez el 20-S y se le acusa de plegarse a las órdenes de los políticos para permitir el 1-O.
Las defensas lo interpretan como un intento de la Fiscalía para mantener la separación “artificial” de las causas del 1-O entre el Supremo, la Audiencia Nacional –donde está acusado Trapero– y el juzgado de instrucción 13 de Barcelona –donde permanece imputado Jové, pendiente de si la causa pasa al TSJC por ser diputado y aforado.
Por el contrario, de los escritos presentados hasta ahora por las defensas se desprende su intención de que testifiquen el propio Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, así como cargos de Defensa y de la Policía. Estos últimos serán importantes a nivel técnico, ya que las defensas buscarán demostrar que no hubo rebelión porque ni el Gobierno ni las Fuerzas Armadas activaron ningún mecanismo legal para contenerla.
Observadores internacionales y políticos
En relación con la protesta del 20-S frente a Economía, la Fiscalía también ha pedido que testifique otro de sus testimonios clave, la secretaria judicial del juzgado de instrucción 13 que tuvo que subir a la azotea del departamento para poder salir a la calle por el edificio contiguo. Asimismo, se reclama que comparezcan una veintena de imputados y testigos que ya han declarado en la causa de Barcelona, como el exdelegado de la Generalitat ante la UE Amadeu Altafaj, o la vicepresidenta de la empresa de los medios públicos catalanes, Núria Llorrach.
En el apartado de los observadores internacionales, los fiscales han solicitado comparecencias que no reclamaron en la fase de instrucción, como los responsables de los institutos y fundaciones que viajaron a Catalunya presuntamente pagados por el Govern o el Diplocat para el 1-O. Se trata de Paul Singing, Helena Catt y Wim Kok.
Del ámbito político, se piden las comparecencias de los miembros de la Mesa del Parlament de la pasada legislatura no soberanistas, José María Espejo–Saavedra (Cs) y David Pérez (PSC), así como del secretario general y el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona y Xavier Muro, que advirtieron a Forcadell de que tramitar las leyes de desconexión podía tener consecuencias penales. De los exmiembros del Govern que renunciaron en verano ante la negativa a promover la vía unilateral, los fiscales sólo han pedido que testifique Neus Munté (ahora candidata a la alcaldía de Barcelona por el PDeCAT).
Las periciales: Hacienda y la Guardia Civil
De cara el juicio, la Fiscalía también ha solicitado que comparezcan tres peritos del Ministerio de Hacienda, algo clave para apuntalar la malversación. El juez Llarena no pidió un informe pericial de Hacienda en la fase de instrucción, algo habitual en todas las causas por malversación y que sí ha hecho el juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O.
Del ministerio, testificará el exsubsecretario de Hacienda del Gobierno del PP, Felipe Martínez Rico. También comparecerán los peritos que cifraron en 900.000 euros el coste de abrir los colegios el 1-O, cantidad que forma parte del total de tres millones malversados según la Fiscalía.
Los otros dos peritos solicitados por la Fiscalía de buen seguro que causarán la oposición de las defensas. Se trata de dos guardias civiles, que deberán analizar como peritos los documentos incautados en la Generalitat el 20-S, como el célebre documento 'Enfocats', que avalan la tesis fiscal de una estrategia unilateral y unas estructuras de Estado preparadas para la secesión. Las defensas de los exconsellers se opondrán porque consideran que los guardias civiles no pueden ser peritos imparciales en una causa en la que se les presenta como víctimas del 'procés'.
Por su lado, la Abogacía del Estado ha solicitado los mismos 256 testigos que la Fiscalía, así como los técnicos sobre el alquiler de los colegios, pero no los peritos de Hacienda ni los guardias civiles que la Fiscalía quiere que ejerzan de peritos en el juicio.
“Como la homeopatía”
“El relato de la Fiscalía es como la homeopatía: ellos se lo creen y ya les va bien, pero no es real”, ironizaban este viernes fuentes de las defensas de los exconsellers, que ya daban por descontado la dureza del escrito de la acusación de la Fiscalía. Entre los abogados y abogadas todavía se estaba estudiando a fondo el escrito de acusación, en especial la abundante prueba documental solicitada por la Fiscalía.
El próximo paso de las defensas todavía se está consensuando entre los distintos abogados. El debate está en si presentar ya los escritos de defensa o interponer antes un escrito del denominado artículo de previo pronunciamiento (para pedir, básicamente, que sea el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el encargado de enjuiciar los hechos en vez del Supremo), cuya resolución requiere una vista y suspendería hasta su celebración el plazo para presentar los escritos de defensa.