Era una instrucción a la que sólo faltaba ponerle el punto y final. Pero tiene números para alargarse. La Fiscalía insiste en investigar la posible malversación de caudales públicos en el caso contra los cinco miembros de la extinta Sindicatura Electoral del referéndum, el equivalente a la Junta Electoral para el 1-O. Por ello ha reclamado a la jueza que declare la causa compleja, lo que permite ampliar la instrucción hasta los 18 meses.
La Fiscalía solicita alargar las pesquisas ante la “necesidad” de investigar los “movimientos económicos que podía traer consigo el desempeño de la Sindicatura Electoral”. En concreto, la fiscal apunta al coste público de los “desplazamientos” desde fuera de Barcelona hasta el Parlament de los cinco síndicos investigados para asistir a una reunión. “De modo evidente, conllevan gastos”, añade la Fiscalía sobre dichos desplazamientos en un escrito dirigido al juzgado de instrucción 15 de Barcelona al que ha tenido acceso este diario.
Fuentes judiciales apuntan a que las pesquisas en desplazamientos implican investigar si el gasto en gasolina o peajes y billetes de tren hasta el Parlament se sufragó con dinero público, cantidades que en cualquier caso serían menores. En su declaración como imputados –investigados, según la nueva denominación– el pasado mes de diciembre los cinco síndicos negaron haber percibido cualquier tipo de dinero público por su labor. La Fiscalía se querelló contra todos ellos por desobediencia, usurpación de funciones y malversación. Los síndicos negaron todas las acusaciones.
Los cinco exmiembros de la Sindicatura Electoral, a priori encargados de controlar y validar la votación del 1-O, son juristas, politólogos o profesores de universidad: su presidente fue Jordi Matas, Marta Alsina ocupó la vicepresidencia, las vocalías recayeron en Josep Pagès y Tània Verge y su secretario fue Marc Marsal.
Apenas estuvieron dos semanas en el cargo: fueron nombrados tras el pleno del Parlament del 6 de septiembre y renunciaron el 22 del mismo mes después de que el Tribunal Constitucional les amenazara con multas de 12.000 euros diarios si continuaban en sus puestos. Todos cesaron antes del referéndum y el TC no les impuso la sanción.
¿Por qué la Fiscalía pide investigar los gastos de desplazamiento de los síndicos cuatro meses después de su declaración como imputados? La respuesta se encuentra en los testigos que declararon después de los síndicos. En concreto, los miembros de las distintas sindicaturas de zona, que tenían que responsabilizarse de la votación en todo el territorio, así como el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor de la Cámara, Antoni Bayona.
La fiscal sostiene que tras las declaraciones de estos testigos se ha tenido conocimiento de “una reunión en el Parlament, convocada y dirigida por personas que no fueron identificadas con el fin de dar directrices sobre el desempeño funciones” de los síndicos territoriales. Muro y Bayona, añade la fiscal, indicaron que no tuvieron “conocimiento directo” de dicha reunión pero que “sí que habían oído comentarios que aseguraban que tal encuentro había tenido lugar”.
Además, la Fiscalía recuerda que la ley del referéndum en la que estaba amparada la Sindicatura indicaba que se pondría “a disposición” de sus miembros los “medios necesarios y personales necesarios” para el desempeño de sus funciones. Por todo ello, la fiscal considera “necesario corroborar si se ha efectuado gasto alguno” ya que, añade, “de modo evidente los desplazamientos conllevan gastos”.