Tras 50 sesiones de juicio, la Fiscalía ha mantenido la acusación por rebelión contra los líderes del procés. El nuevo escrito de conclusiones del Ministerio Público de este jueves contiene pocas novedades respecto al presentado el pasado 2 noviembre, pero incluye algunos de los datos que los testigos han aportado durante la fase de la vista oral, en especial respecto al enfrentamiento de la cúpula de los Mossos d'Esquadra con el Govern a cuenta de la celebración del 1-O.
En este sentido, el Ministerio Público mantiene, tal y como declararon el major Trapero y los máximos comisarios del cuerpo, que la cúpula policial pidió a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn desconvocar el referéndum para evitar que se produjeran incidentes. No obstante, los fiscales también sostienen que los mandos “antepusieron las directrices políticas al cumplimiento de la ley” y facilitaron el 1-O, algo que tanto Trapero como sus subordinados negaron con contundencia.
De esta forma, los fiscales avalan solo en parte el relato de Trapero sobre lo sucedido en las reuniones del 26 y el 28 de septiembre. Sí resaltan que la prefectura advirtió al Govern de “situaciones violentas” el 1-O si los concentrados en los centros se enfrentaban a las fuerzas policiales encargadas de cumplir la orden policial para impedirlo, pero, al contrario de lo declarado por los Mossos, sitúan a la policía catalana alineada totalmente con los políticos.
Esto se concretó, según los fiscales, en que el 1-O las parejas de Mossos encargadas de visitar los centros de votación “permanecieron absolutamente pasivas y sin intervenir en los centros”. “Incluso en algunos centros de votación fue la propia dotación de los Mossos d'Esquadra la que se enfrentó con los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado para impedir que estos clausuraran el centro“, apostilla la Fiscalía.
Los fiscales sí añaden y piden que el tribunal considere probada la respuesta que el comisario Ferran López, mano derecha de Trapero y luego jefe del cuerpo bajo el 155, dijo que recibió de Puigdemont tras su advertencia sobre incidentes violentos el 1-O. “El procesado rebelde, entonces presidente de la Generalitat, manifestó a todos los presentes que si el 1 de octubre había violencia declararía la independencia”, añaden los fiscales en su nuevo escrito, afirmación que negó Puigdemont en una entrevista con este diario. Para los fiscales está claro: el Govern se apoyó en la violencia para intentar forzar la independencia.
Las dos patas de la rebelión
De esta forma, para la Fiscalía los Mossos se mantienen como una de las dos piezas clave de la rebelión. No solo por su “ineficaz” actuación y su “deliberado incumplimiento” de los acuerdos alcanzados en la reuniones previas con el resto de cuerpo, sino también por el supuesto acuerdo entre Govern y Mossos –negado por los primeros y los segundos– para usar “llegado el caso” los 17.000 agentes de la policía catalana “como un cuerpo policial armado”.
Al dejar claro que los Mossos facilitaron la votación, la Fiscalía avala lo declarado los máximos responsables del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil. No en vano, cuando acabe el juicio del procés en el Supremo empezará el de Trapero en la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía pide al major once años de cárcel por rebelión.
Los fiscales dan plena credibilidad a lo declarado por el coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo para impedir el 1-O. Pérez de los Cobos declaró que los Mossos no le indicaron que el dispositivo del 1-O estaría integrado, en un primer momento, por una pareja de agentes en cada centro. Lo contrario sostuvo la cúpula de la policía catalana, que declaró en bloque que el coronel avaló el denominado 'binomio'. Será el tribunal quien resuelva esta contradicción.
La mala praxis de los Mossos, según los fiscales, no había empezado el 1-O. El 20 de septiembre, en la protesta en la conselleria de Economía, la policía catalana “no adoptó las medidas suficientes para garantizar la seguridad” de la comitiva judicial que registraba el edificio por orden del juzgado 13 de Barcelona.
“La unidad actuante solicitó hasta en cinco ocasiones, por el conducto reglamentario, la presencia de refuerzos de orden público de los Mossos d’Esquadra, al haberse concentrado en el lugar más de 40.000 manifestantes, cuya masa se agolpaba hasta empujar, y casi derribar, la propia puerta de entrada del edificio en un ambiente crispado y hostil, lo que les impedía por completo salir del edificio y cumplir las diligencias judiciales que tenían encomendadas”, afirma el escrito sobre el 20-S, pese a que las imágenes de las cámaras de seguridad emitidas durante el juicio no registraron dicho intento de derribo de la puerta.
En este sentido, la otra pata de la rebelión sigue siendo, a criterio de los fiscales, la “fuerza intimidatoria que representaba la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas” promovidas por la Òmnium y ANC el 20-S en Economía y el 1-O en los centros para impedir, incluso por la fuerza, la actuación policial.
Los heridos del 1-O y el “periodo insurreccional”
Entre las novedades del escrito respecto a las conclusiones provisionales, la Fiscalía también ha tildado el periodo entre el 20 de septiembre y la declaración de independencia del 27 de octubre de “claramente insurreccional”, la misma descripción realizada por el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, que estuvo al frente de las investigaciones del 1-O y su imparcialidad ha sido cuestionada por las defensas.
La Fiscalía avala en su totalidad la descripción de la fase final del procés de Baena. “Entre el 19-20 de septiembre y el 27 de Octubre la situación fue claramente insurreccional, ya que a los aproximadamente 80 incidentes con enfrentamientos y hostilidades que se produjeron en los diferentes centros de votación frente a la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado el mismo día 1 de octubre, deben sumarse 47 actos de acoso en cuarteles de la Guardia Civil, 23 actos similares en comisarias de Policía y edificios públicos del Estado, 11 en alojamientos y hoteles de funcionarios policiales, 47 ataques a sedes del PSC, y los graves incidentes que se produjeron los días 19 y 20 de septiembre”, argumentan los fiscales.
Otra de las novedades del escrito es que, si bien la Fiscalía mantiene que 93 agentes resultaron heridos el 1-O –cifra que rebajaron los peritos de las defensas–, reduce sensiblemente los lesionados entre los votantes. “Según datos facilitados por la Generalitat –añaden los fiscales– también resultaron lesionados numerosos ciudadanos, habiéndose proporcionado una cifra cercana al millar, comprobándose que en un elevado porcentaje de casos la atención médica que recibieron fue exclusivamente por heridas y contusiones muy leves o como consecuencia de mareos y crisis de ansiedad”. Solamente hubo cuatro ingresos hospitalarios, remarcan los fiscales.
La última novedad del escrito de la Fiscalía puede dejar varios años en prisión a los líderes del procés si resultan condenados. La Fiscalía ha pedido aplicar el artículo del Código Penal que establece que cuando la duración de la pena de prisión impuesta es superior a cinco años, el tribunal puede ordenar que el acceso de los condenados al tercer grado penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. Ni la Abogacía del Estado ni Vox lo han pedido.