Fiscalía pide 8 años para el exalcalde socialista de Sabadell en su cuarto juicio por corrupción

La Fiscalía ha presentado el escrito de acusación de la pieza 31 del caso Mercurio, que investiga las presuntas irregularidades en la contratación en varias administraciones públicas. El Ministerio Público pide 5 años de prisión para el entonces alcalde de Sabadell, Manuel Bustos (PSC), por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos, y 3 más por el delito continuado de tráfico de influencias, además de multas de 205.500 euros y 5 y 7 años de inhabilitación, respectivamente. También se piden 5 años de prisión para su hermano Paco, 5 años de inhabilitación especial y multa de 5.500 euros por falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos.

La información se hace pública una vez la titular del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell, que instruye el caso Mercurio, ha dado por finalizada la instrucción de la pieza número 31 y ha dado traslado del escrito de acusación de la fiscalía anticorrupción. En él, solicita imponer las correspondientes penas a los acusados y solicita la apertura de juicio oral.

Concretamente, esta pieza investiga la contratación irregular de Marta Solé Costa y de la ex concejal socialista de Sabadell Anna Carrasco en el Consorcio por la Gestión de Residuos del Vallès Occidental, y de Carmen Sendrós Díez en el área Metropolitana de Barcelona.

En su escrito, la fiscalía pide para Bustos 3 años de prisión, 7 de inhabilitación especial y una multa de 200.000 euros por el delito continuado de tráfico de influencias. Además, añade 5 años de prisión, 5 años de inhabilitación especial y multa de 5.500 euros por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Para su hermano Paco Bustos, que también fue edil en el Ayuntamiento de Sabadell por el PSC, pide 5 años de prisión y 5 de inhabilitación especial, con una multa de 5.500 euros por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos.

La Fiscalía también hace una petición de 12 años de inhabilitación por el delito de prevaricación administrativa para quien entonces era gerente del Consorcio de Residuos, Paco Fernández Ortega.