Casi dos años después del 9 de noviembre de 2014, los políticos que impulsaron la consulta soberanista desde la Generalitat han conocido a qué penas se exponen. La Fiscalía ha pedido 10 años de inhabilitación especial para el expresident, Artur Mas, por los presuntos delitos de desobediencia grave y prevaricación administrativa. El ministerio público solicita asimismo la inhabilitación durante nueve años para ocupar un cargo público para la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau.
La entrega de las calificaciones provisionales de la Fiscalía este lunes deja un poco más cerca del banquillo a Mas, Rigau y a Ortega por una consulta soberanista que no tuvo otro efecto jurídico que el de la causa abierta contra los tres políticos en el Tribunal Superior de Justica de Catalunya (TJSC). Además, el Tribunal Supremo investiga al conseller de Presidència durante el 9-N y ahora líder de CDC en el Congreso, Francesc Homs.
La Fiscalía considera que Mas “articuló una estrategia de desafío completo y efectivo” de la suspensión de la consulta decretada por el Constitucional. “Intencionalmente y sin otro amparo que su mera voluntad –concluyen los fiscales–, desatendió el mandato del Tribunal e incumplió la obligación de dejar sin efecto el acto de convocatoria”.
Para el caso de que el TSJC decida condenar a los procesados de forma separada el delitos de desobediencia y el de prevaricación, la Fiscalía pide como “alternativa” una pena de nueve años y medio de inhabilitación –seis meses menos que la calificación principal–y una multa de 36.000 euros para Mas y, para Ortega y Rigau, multa de 30.000 euros y ocho años de inhabilitación.
Si el tribunal termina sentenciando las penas que ha solicitado la Fiscalía, el futuro político de Mas y sus posibilidades de volver a ser candidato a la Generalitat se complicarían, ya que entonces rondaría los 70 años. Mas, que sigue liderando Convergència, no descartó volver a presentarse cuando renunció a ser presidente en enero.
Tesis opuestas entre Mas y la Fiscalía
En el plano jurídico, los tres políticos siempre han rechazado participación alguna en el 9-N después de su suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC). Así, las defensas de Mas, Rigau y Ortega han alegado que no desobedecieron porque después de la orden del TC pararon todos los preparativos de la votación y la consulta la llevaron a cabo voluntarios. Este argumento choca con la tesis de la Fiscalía y el juez instructor del TJSC, ya que durante la instrucción del caso se puso de manifiesto que la Generalitat ordenó seguir con el 9-N a una empresa después de la suspensión del TC.
Políticamente, la judicialización del 9-N ha sido utilizada por Convergència y Mas –“el president que puso las urnas”– para intentar conseguir sus objetivos, primero la lista de Junts pel Sí y después mantenerse en la presidencia. Es casi el único contrapeso en la balanza de corrupción y recortes de los gobiernos de Mas.
El expresident ha repetido durante los meses de instrucción que es víctima de un “proceso político”. En el último recurso para intentar que se cerrara la causa, la defensa del expresident llegó a acusar al TSJC de tener una “precomprensión” de los hechos del 9-N que evidencia un “determinado sesgo cognitivo” al no dar crédito a la tesis de defensa esgrimida por Mas.
Las dudas públicas de Mas y los demás acusados sobre la imparcialidad del TSJC han provocado el enfado de sus magistrados. En el auto que avalaba enviar a juicio a Mas, Rigau y Ortega, la jueza Maria Eugenia Alegret lamentó que en los recursos de las defensas “veladamente se insinúa” que el TSJC solo sería independiente si revocara la decisión de enviar a Mas a juicio. Asimismo, arremetió contra el argumento de “ilustres comentaristas” de que la causa del 9N “se halla instrumentalizada políticamente”.
El Gobierno: “La ley se aplica para todos”
Las reacciones políticas a la petición de pena no se han hecho esperar. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado su respeto a la decisión de la Fiscalía y ha subrayado que “la ley se aplica para todos y, cuando uno la incumple, en un Estado de derecho eso tiene consecuencias”.
Por su lado, president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reaccionado con indignación a las peticiones de inhabilitación planteadas por la Fiscalía. “Somos más los que preferimos las urnas a las polillas”, ha escrito en Twitter.