Reeducar antes que trabajar. Este es el orden adecuado que deben seguir los presos del procés, a criterio de la Fiscalía. El Ministerio Público ha pedido a la jueza de vigilancia penitenciaria de Barcelona que revoque las salidas de prisión del exconseller de Interior Joaquim Forn, en línea con lo solicitado con Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La Fiscalía argumenta que Forn, como el resto de presos del procés, debe seguir un programa de tratamiento penitenciario específico que tenga como objetivo su “reeducación” y “enseñarle a respetar la ley”.
Los fiscales de vigilancia penitenciaria de Barcelona sostienen que “no es preciso conseguir” la reinserción social de Forn, que ha encontrado trabajo de lunes a viernes como asesor jurídico de Mediapro, la productora de Jaume Roures. El motivo, según los fiscales, es que el exconseller de Interior, a diferencia de los presos comunes, ya dispone de los medios necesarios para que volverse a adaptar a la vida social fuera de prisión. Forn es una persona “plenamente insertada en la sociedad”, por lo que “lo primordial” para la Fiscalía es cubrir un objetivo de la pena recogido igualmente en la Constitución pero distinto a la reinserción: la reeducación.
En concreto, los fiscales plantean de nuevo la reeducación a través de un “adecuado programa de tratamiento cuyo objetivo sea la necesidad de interiorización de respeto a la ley”. Cabe recordar que, tal y como informó eldiario.es, la Generalitat rechaza proporcionar a los presos del procés un programa penitenciario específico sobre el delito de sedición, en contra de lo solicitado por el Ministerio Público.
Abundan los fiscales que el programa de tratamiento debe tener como objetivo que Forn, al igual que los otros ocho presos del procés, aprendan “que sólo se puede conseguir aquello que se desea utilizando los mecanismos legalmente establecidos en la normativa que rige nuestro Estado Social y Democrático de Derecho”, y que dichas normas son aplicadas por el Poder Judicial de forma “vinculante para todos los ciudadanos y especialmente para sus destinatarios”.
Este programa de tratamiento, reiteran los fiscales, también debe enseñar a los presos del procés que un gobierno autonómico “no puede transformar la estructura del Estado y plasmarlo en un texto legal fuera de los cauces jurídicos de reforma”. “No debemos olvidar que el interno no está condenado por querer transformar la estructura del Estado, fin totalmente legítimo y respetable, sino por querer hacerlo fuera de los cauces legalmente establecidos”, apostilla la Fiscalía.
La Fiscalía discrepa de la Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners (Barcelona), que avaló las salidas laborales de Forn para conseguir su reinserción social como objetivo de la pena de prisión. Argumentan los fiscales que Forn ya tenía hábitos laborales antes de ingresar en prisión, por lo que por ahora no debe ser un aspecto a abordar en su tratamiento penitenciario.
Añaden los fiscales que el exconseller de Interior se encuentra en una fase “inicial” del cumplimiento de la pena de 10 años y medio de cárcel que le impuso el Supremo –de los que ya ha cumplido casi dos y medio debido a la prisión preventiva–, por lo que las salidas laborales tendrían que plantearse más adelante.
De esta forma, la Fiscalía sigue con su oposición a la aplicación del 100.2 a los presos del procés, un artículo del reglamento penitenciario pensado para flexibilizar la estancia en prisión de los internos con salidas para trabajar, cuidar de familiares o realizar labores de voluntariado. Las cárceles catalanas ya han aplicado este artículo, además de a Forn, Sànchez y Cuixart, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a la exconsellera Dolors Bassa, y próximamente lo harán con Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull.