La Fiscalía se ha querellado contra el director de la oficina del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y la secretaria general de la conselleria de Presidencia, Meritxell Masó, por pagar con dinero público un viaje del primero a Nueva Caledonia en 2018 para ejercer de observador en un referéndum celebrado en la antigua colonia francesa así como dos facturas correspondientes a un desplazamiento a la prisión de Lledoners (Barcelona) para visitar a los presos del 1-O.
En la querella, a la que ha tenido acceso eldiario.es, la fiscal anticorrupción Teresa Duerto acusa a Alay de “abusar de su condición” de responsable de la oficina del expresident Puigdemont, “excedirse” en sus funciones y pasar las facturas de su viaje a Nueva Caledonia y los peajes a la Generalitat “con el propósito de enriquecimiento ilícito”. En concreto, el viaje a Nueva Caledonia, entre vuelos, alojamiento y dietas, ascendió a 4.732,56 euros, detalla la fiscal.
Asimismo, la fiscal acusa a Masó de autorizar el desplazamiento de Alay y el gasto público “con pleno conocimiento de que aquella actividad no se hallaba entre las atribuidas al querellado ni se correspondía con ninguna de las necesidades personales, políticas o sociales que a través de la Oficina del expresidente se cubre, adoptando de ese modo una resolución manifiestamente arbitraria e injusta”. Por todo ello acusa a ambos altos cargos de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
“No existe razón alguna que justifique el pago con cargo a la partida presupuestaria 'Oficina del expresidente de la Generalitat', de los gastos derivados de su desplazamiento a Nueva Caledonia, ni de su visita al centro penitenciario Lledoners”, abunda la fiscal. La querella, por turno de reparto, ha recaído en el juzgado de instrucción 28 de Barcelona, que está pendiente de decidir si la admite a trámite.