La Fiscalía Superior de Catalunya se ha querellado contra el diputado de JxCat Jordi Turull, encarcelado en la prisión de Estremera, y su esposa por un presunto delito de insolvencia punible. La Fiscalía investigaba desde hace meses al exconseller de Presidencia por poner sus bienes a nombre de su mujer antes del 1-O, y finalmente ha presentado una querella.
En su querella, la Fiscalía acusa a Turull de “intentar eludir el futuro embargo de su patrimonio” a causa de los procedimientos judiciales que podrían seguirse contra él por su participación en el 1-O. De ahí que Turull urdiera un “plan concebido” con su esposa, Maria Blanca B.R., con la que está casados en régimen de separación de bienes, para donarle parte de su patrimonio. El objetivo, según el fiscal Joaquín Pérez de Gregorio, no era otro que “aparentar una situación de insolvencia”.
En concreto, el presunto acuerdo fraudulento entre Turull y su esposa se suscribió el 8 de junio de 2017, cuatro meses antes del 1-O. Por aquel entonces Turull era presidente del grupo parlamentario de JxSí y faltaba un mes antes que entrara en el Govern como conseller de Presidència. Ambos acudieron a un notario y firmaron una escritura pública por la que Turull donaba a su mujer su parte de la casa del matrimonio en Parets del Vallès (Barcelona), así como la mitad de la cuenta corriente que compartían, que en aquel momento acumulaba 107.594,22 euros.
Con ambas operaciones, concluye el fiscal, Turull se desprendió de 96.449,15 euros de su patrimonio en favor de su mujer. El exconseller aparece en la querella como presunto autor de un delito de insolvencia punible, en la modalidad que castiga la ocultación de los bienes “que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo” judicial. Este delito está castigado con hasta cuatro años de cárcel. Su mujer figura como cooperadora necesaria.
En función del resultado de la causa en el Tribunal Supremo, Turull podría tener que afrontar multas a indemnizaciones millonarias –el juez Pablo Llarena ya le impuso una fianza a pagar con el resto del exGovern de 2,1 millones de euros. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha informado de que ya ha registrado la querella. Ahora el alto tribunal catalán deberá decidir si la admite a trámite. El magistrado Francisco Valls ha sido nombrado ponente en la sala de admisiones.