La Fiscalía Superior de Catalunya ha abierto diligencias de investigación por el intento de boicot que un grupo de estudiantes hizo a políticos constitucionalistas en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) la semana pasado. El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, expone que el objetivo de la “reprobable” protesta no era otro que “reventar” el acto en el que participaron la candidata del PP por Barcelona el 28A, Cayetana Álvarez de Toledo, o el alcaldable de Ciudadanos a la capital catalana, Manuel Valls.
La investigación se ha abierto a raíz de la denuncia que interpuso Ciudadanos. En su decreto, Bañeres considera que la protesta “presenta con claridad” elementos propios de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas (castigado con hasta tres años de prisión), y ordena a la Fiscalía de Sabadell investigar el escrache.
“Los manifestantes autodenominados antifascistas procedieron a gritar consignas propias de su ideología, acompañadas de insultos y otras expresiones amenazantes hacia los pacíficos concurrentes [los políticos constitucionalistas]”, relata el fiscal.
Los concentrados, además, “obstaculizaron el libre acceso al auditorio” donde los políticos debían asistir a una conferencia organizada por un grupo de estudiantes constitucionalistas, por lo que los Mossos d'Esquadra tuvieron que disponer de un cordón de seguridad “para proteger la integridad física de los que pretendían acceder al acto y conjurar la actuación violenta”.
El fiscal censura con contundencia el intento de boicot de los estudiantes: tilda sus conductas de “coactivas” y “obstativas” del legítimo ejercicio de reunión, manifestación y expresión en el espacio público de los constitucionalistas y considera que la protesta es “especialmente reprobable” y “carece de cualquier tipo de justificación” al producirse en un entorno universitario en el que dichos derechos “deberían estar especialmente salvaguardados y tutelados por la autoridad educativa”.
Con todo, Bañeres niega la petición de Ciudadanos para que la investigación recayera en la Fiscalía Superior de Catalunya y no a la de Sabadell. El partido pretendía que fuera la Fiscalía Superior quien asumiera las pesquisas en base a un tuit del diputado de la CUP –y por lo tanto aforado– Carles Riera en el que animaba a participar en la protesta. El fiscal, sin embargo, recuerda que el tuit se emitió cuando el intento de boicot ya había acabado y no hace una “referencia a una concreta voluntad de reventar u obstaculizar el acto”.