Florentino Pérez asegura ante el Parlament que ACS “ha perdido dinero” con el Castor pese a los 1.300 millones de indemnización
El presidente del grupo ACS, Florentino Pérez, ha asegurado este lunes que su empresa “ha perdido dinero” con el proyecto Castor, la planta de almacenamiento de gas implantada frente a las costas de la desembocadura del Ebro, por la que el Estado le pagó 1.350 millones de indemnización tras cerrarla. El empresario, que ha comparecido ante el Parlament este lunes convocado por la comisión de investigación abierta para esclarecer el fiasco de la planta energética y sus consecuencias, ha asegurado que toda la suma de la indemnización fue a parar a los financiadores del almacén.
El magnate de la construcción ha calificado de “desgracia” lo ocurrido en la planta. Más allá de esto, Pérez ha dado pocas explicaciones sobre el caso, pues ha advertido que no tenía apenas conocimiento del proyecto hasta que comenzaron los problemas. El empresario ha asegurado que él nunca habló con los ministros de Industria relacionados con el proyecto para instalar esta planta de almacenamiento de gas natural. Según ha dicho, no habló ni con José Montilla, ni con Joan Clos, ni con Miguel Sebastián pero sí, en cambio, ha reconocido haber hablado con José Manuel Soria.
Con el ministro del PP, según ha explicado Pérez, sí trató respecto al Castor, aunque solo una vez los problemas surgieron. Sin embargo, Pérez no ha negado que hablara también previamente sobre la financiación del proyecto, y de hecho ha reconocido que las entidades financieras se negaban a asegurar el riesgo geológico de esta obra, que acabó asumiendo el Estado.
“En determinadas infraestructuras como estas hay un riesgo geológico, que nadie asume en el mundo, ninguna empresa es capaz de asumirla”, ha relatado. “Por eso se hizo” –ha rememorado– “un decreto para todos los almacenamientos subterráneos por el que el Gobierno asumía el riesgo geológico que permite a las empresas concesionarias retirarse en los primeros 5 años”.
Florentino Pérez sí ha aceptado que habló con Soria cuando ya hubo actividad sísmica, que se registró entre 2012 y 2013, que provocó el cierre de la planta. En octubre de 2014 fue el propio Soria quien llevó al Consejo de Ministros el Real Decreto-Ley que indemnizó a la empresa concesionaria Escal UGS (con mayoría accionaria de ACS), con 1.350 millones de euros.
“Dicen que me han dado 1.300 millones”, se ha quejado Florentino Pérez. “Lo dicen porque soy conocido, pero no es cierto, este dinero se lo han llevado los financiadores”. El magnate de la construcción ha relatado que su grupo “ha perdido dinero en esta obra porque con la indemnización no se cubría toda la deuda con los bonistas y financiadores”, que según sus palabras ha obligado a que ACS ponga el resto del dinero perdiéndolo de su cuenta de resultados.
Así ha esbozado Pérez los meandros de una operación económica millonaria, que comenzó en 2007 y por la que el Estado acabó asumiendo los costes de un proyecto por su riesgo sísmico pese a que la posibilidad de que afectara a la población siempre se negó ante la opinión pública. Y, de hecho, una vez el proyecto fracasó y su riesgo sísmico se demostró, el Estado se apresuró a pagar una indemnización millonaria a la concesionaria. Una situación anómala que, según ha dicho el presidente del grupo, representaba en torno al 1% del negocio de ACS.
Fuera de estos detalles, Pérez ha negado que conociera nada sobre el Castor. Según ha relatado el presidente del Real Madrid, no supo nada del proyecto, ni se preocupó de su realización, de su acomodo legal, estudios de impacto ni de los peligros potenciales que entrañaba la implantación de la enorme planta de almacenamiento en frente de las costas de la zona fronteriza entre Tarragona y Castelló. Después de explicar que ACS es un conglomerado de más de mil empresas con 10.000 obras en proceso, el constructor se ha exculpado aduciendo que el proyecto del Castor fue comenzado por sus socios canadienses, a los que luego se sumó su grupo.
“Yo no he sabido nada hasta que ha pasado, en el proceso no he intervenido en nada, ni podría porque es un tema muy técnico”, ha dicho. Además ha asegurado que este tipo de obras, por su complejidad, pueden hacerlas muy pocas empresas, entre ellas su filial, Escal UGS. Pérez ha pedido además “respeto” por la acción de la justicia, que en este momento tiene un proceso abierto en un juzgado de Vinaròs.
“A mi me han dicho que la auditoría técnica está excelente, la obra está hecha en una forma excelente, la auditoría fiscal también. Yo sé que ha pasado algo, pero no sé que ha pasado”, ha reiterado. Ante las preguntas de los diputados sobre si consideraba que debía pedir disculpas a los vecinos que vivieron el impacto sísmico que provocó su obra, Pérez ha asegurado que solo puede disculparse “por aquello que he hecho, no por lo que no he hecho”. Según ha opinado, este caso se ha politizado de forma inadecuada.
Tras la instalación de la planta de almacenamiento de gas natural Castor se detectaron en 2013 centenares de seísmos frente a las costas de Vinaròs, que llevaron a cerrar la planta. Un año después, el Ejecutivo de Mariano Rajoy elaboró y aprobó un Real Decreto-Ley en el que reconocía una deuda con la sociedad de ACS de 1.350 millones. En plena crisis económica, el Gobierno dispuso además una forma de pago de urgencia, que el Constitucional declaró nula en 2017.
