El juicio del 9-N ha sobrepasado su ecuador este miércoles con los testigos de las defensas de Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega. El más esperado era el conseller de Presidència de la Generalitat durante el 9-N y hoy diputado en el Congreso por el PDECat, Francesc Homs, que ha explicado que fue él quien aseguró al Govern de que no incurría en ninguna ilegalidad al mantener la consulta tras la suspensión del Tribunal Constitucional.
En respuesta a Xavier Melero, abogado de Mas, Homs ha explicado que, tras recabar la opinión de los servicios jurídicos de la Generalitat y como máximo responsable de los mismos, informó a Artur Mas y al resto de miembros del Ejecutivo catalán de que “además de no incumplir la ley ni cometer ninguna irregularidad tampoco incurría en ningún tipo penal”. Asimismo, se ha encargado de recordar de que fue el máximo responsable del dictamen jurídico y no un “mero transmisor”. “Yo configuré la decisión final”, ha remachado.
Sin embargo, como Homs también irá a juicio el 27 de febrero por el 9-N –en su caso ante el Supremo por ser diputado en el Congreso–, se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas que le incriminan. De este modo, cuando las defensas de Mas le han preguntado sobre la carta que envió al centro de telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) en la que ordenaba a una empresa seguir con el 9-N tras la suspensión del Constitucional, la abogada de Homs, Eva Labarta, ha parado el interrogatorio.
La falta de respuesta de Homs sobre la carta ha restado trascendencia a su declaración, aunque el diputado no se ha guardado la ironía. Después que el fiscal, Emilio Sánchez Ulled, se declarara “respetuoso” con su derecho a no contestar a preguntas que le incriminaran, Homs ha respondido: “Que lástima”
Al margen de respaldar la tesis de defensa de Mas alegando que el TC no advirtió de las consecuencias legales de incumplir la suspensión de la consulta, acordada el 4 de noviembre, la declaración de Homs se ha movido en el terreno político. Así, ha reprochado al Gobierno del Estado su “falta de presentación” a la hora de presentar el recurso al 9-N ante el TC, y ha acusado al Alto Tribunal de “adaptarse a la agenda” del Ejecutivo para suspender la consulta.
En la misma línea que Homs, el presidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) durante el 9-N, Carles Viver i Pi-Sunyer, ha explicado que la suspensión del 4 de noviembre del Constitucional no aclaraba al Govern lo que suspendía y cómo actuar, una de las bases de la defensa de Mas para pedir la absolución. “Insistí mucho en que era una interlocutoria en la que debía pedirse una aclaración porque no quedaba claro lo que suspendía, era muy genérica”, ha remarcado.
El otro argumento de la defensa de Mas –que los voluntarios asumieron por completo el 9-N tras su suspensión– lo ha defendido el expresidente del Parlament y del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol. “Los voluntarios ejecutaron el proceso participativo”, ha dicho. Por su lado, el alcalde de Premià de Mar y presidente de la Asociación Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, y el alcalde de Barcelona en 2014, Xavier Trias, han negado que los ayuntamientos y la Generalitat formalizaran convenios después del veto del TC a la consulta para ceder los centros de titularidad municipal para la votación. “Cada escuela decidió lo que quiso”, ha zanjado Trias.
Terminan de declarar los testigos de la acusación
Antes de la intervención de Homs han terminado de declarar los testigos de la acusación, en este caso los propuestos por la popular que ejercen dos sindicatos policiales. Si las palabras del diputado han respaldado la tesis de defensa de Mas, la intervención de dos responsables de empresas que la Generalitat contrató para el 9-N ha reforzado las tesis de la Fiscalía, como ya hicieron los testigos de este martes, consistente en que el Govern mantuvo los preparativos de la consulta pese al veto del Constitucional.
Una directiva de la empresa Sertrans ha certificado que entregaron las urnas y papeletas en los puntos de votación entre el 7 y el 8 de noviembre de 2014, sin que la Generalitat les diera ninguna instrucción para paralizar el transporte tras el veto del Constitucional. Por su lado, un apoderado de la compañía Fujitsu, a quien la Generalitat contrató para introducir en los ordenadores comprados para el 9-N el programa informático para facilitar la votación, ha afirmado que no le constaba que se hubiera modificado el proyecto a raíz de la suspensión acordada por el TC.