El Govern de la Generalitat entregó este viernes el primer documento que acredita la anulación del juicio político contra una víctima del franquismo. El conseller de Justicia, Carles Mundó, afirmó que, para iniciar esta reparación histórica, habían elegido al periodista Josep Maria Huertas por ser un “referente de la lucha antifranquista y un símbolo de la libertad de expresión”.
La viuda del periodista, Araceli Aiguaviva, al recibir el documento, recordó que “los tribunales habían actuado contra la legalidad y vulnerado el derecho a un juicio justo”.

La reparación del llamado Caso Huertas es la primera de muchas. Otras 66.590 familias recibirán en Catalunya un certificado individualizado con nombre y apellidos que da fe de la nulidad de un juicio o de un consejo de guerra dictado por causas políticas por la dictadura franquista.
El Parlament aprobó por unanimidad el pasado 29 de junio anular las sentencias políticas del régimen franquista y declarar “ilegales” los tribunales militares que actuaron en Catalunya del 1938 al 1978, “por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo”.
La anulación del Consejo de Guerra a Josep Maria Huertas Clavería pone fin a uno de los procesos más esperpénticos de los estertores del franquismo. El 25 de agosto de 1975, apenas tres meses de que muriese Franco, Huertas fue condenado a dos años de prisión por una frase que decía: “Un buen número de ‘meublés’ estaban regentados por viudas de militares, al parecer por las dificultades que para obtener permiso para abrir alguno hubo después de la guerra”. Esa frase formaba parte de un reportaje de una página entera publicado en el diario Tele/eXpres a principios de junio.
Un caso plagado de despropósitos
El despropósito –para Huertas no fue sólo eso, sino una pesadilla- empezó el día en que fue llamado a declarar, por segunda vez, ante un juez militar y salió de allí esposado y conducido directamente a la cárcel Modelo. “¿Le ponemos las esposas?, le preguntaron los policías al juez, y éste respondió: ”Ah, eso, ustedes mismos“.
La calificación fiscal fue otro esperpento. A Huertas le acusaron de injurias. Ni siquiera se atrevieron a acusarle de calumnias porque era más que evidente que su afirmación era cierta. De modo que se vio enfrentado a un juicio en el que el tribunal estaba compuesto únicamente por personas directamente implicadas en el caso, los militares.
El tercer esperpento fue el propio juicio, celebrado en el Gobierno Militar de Barcelona, situado junto al monumento a Colón, al pie de la Rambla. Aquel día había tiradores de élite de la policía apostados en lo alto del monumento. Se desplegó también la policía del subsuelo, que recorrió todas las alcantarillas de las proximidades.
Se impidió entrar en la sala a muchos abogados con toga (es preceptivo que puedan acceder a la vista) y algunos de ellos fueron zarandeados de mala manera. Tampoco se permitió que los compañeros de Huertas permanecieran en el bar situado junto al Gobierno Militar. Sólo cuatro de ellos podían ocupar una de las mesas, de modo que hubo una rotación al modo de sillas calientes. Y fue imposible permanecer de pie en las proximidades.
Todos lo que aguardaban en el exterior eran obligados a “circular”, esa palabra que tanto gustaba a la policía de la época. Todo ese despliegue se debía a que mientras estaba en prisión a la espera de juicio fue acusado de ser uno de los “contactos en Barcelona del asesino de Carrero Blanco”, por usar la terminología empleada por la prensa del Movimiento. Otro disparate que acabó en nada y que ni siquiera llegó a juicio.
Si eso ocurría en el exterior, en el interior todo fue más simple: sencillamente negaron a la defensa todos los testimonios, excepto el del director del diario, Manuel Ibáñez Escofet. El abogado Octavio Pérez Vitoria pretendía con sus testigos demostrar que la frase de Huertas no podía considerarse en modo alguna injuriosa, porque sencillamente explicaba un hecho notablemente conocido.
Antes del juicio ya lo habían intentado demostrar escritores como Manuel de Pedrolo y Francisco Candel. Pedrolo se preguntaba cómo podía considerarse una injuria la alusión a una actividad legalizada y reglamentada, que pagaba sus correspondientes impuestos.
Candel reflexionaba que Huertas “nunca hubiera podido imaginar que elegía una profesión tan resbaladiza, que su interés en ser útil a la colectividad a través de la pluma tenía que meterle en este laberinto, porque lo que le está ocurriendo es algo increíble, ya que vas viendo que en lugar de desenredarse la madeja, la madeja se va transformando en una tupida y envolvente tela de araña”. Esa tupida y esperpéntica tela de araña fue la que condenó a Huertas a dos años de prisión.
La revuelta de los periodistas
Algunos pensaron que el ensañamiento de los militares para con Huertas tuvo mucho que ver con la huelga protagonizada por cinco periódicos barceloneses justo después de su detención y por la oleada de solidaridad que despertó el caso en toda la prensa española, con la única excepción de los diarios del Movimiento y el ultraderechista El Alcázar.
Los militares no eran capaces de pensar que un colectivo pudiera plantarles cara. Pero así fue. Tiempo después, algunos militares dijeron a la esposa de Huertas, Araceli Aiguaviva –entonces abogada y hoy jueza– que en realidad sólo pensaban en dar un pequeño escarmiento a la profesión periodística a través de Huertas y que de no haberse producido esa movilización el tema podía haberse saldado con una estancia de doce horas en prisión preventiva y un arresto domiciliario de quince días.
Pero eso es algo que nunca se sabrá. Huertas, muy a su pesar, pagó en su piel una forma comprometida e independiente de entender el periodismo. Algunos veían en Huertas un defensor de las causas perdidas, pero la mayoría de periodistas de su época pensaban y piensan que esa forma de entender el periodismo es y debe ser la única posible.