El próximo martes arranca en la Audiencia de Girona el primer juicio por las protestas contra la sentencia del procés que se sucedieron en Catalunya el pasado otoño. Y lo hace con severas peticiones de cárcel tanto de la Fiscalía –nueve años más la expulsión de España– como de la Generalitat –tres años y medio– contra los acusados, dos jóvenes que permanecen en prisión provisional desde el 17 de octubre de 2019.
En su escrito de acusación, la Generalitat sostiene que los dos jóvenes tiraron una piedra contra la ventana del conductor de furgoneta de los Mossos “amparados por un grupo de manifestantes que lanzaba objetos” a los agentes. El objetivo de los acusados, según el abogado de la Generalitat, era “alterar la paz pública, atacar la integridad física de los agentes, causar daños en el vehículo policial e impedir el libre ejercicio de las funciones de orden público que desarrollaban los agentes de policía”.
Las piedras que habrían lanzado los acusados, continúa el abogado de la Generalitat, impactaron en el antebrazo derecho del conductor así como en la cara y el casco del copiloto de la furgoneta. Los agentes tardaron tres y dos días en curarse de los golpes sin que fuera preciso que estuvieran de baja. Tampoco tienen secuelas.
La Generalitat es acusación particular en el caso al haber funcionarios heridos. Además del delito de lesiones leves y daños en la furgoneta policial el Govern también acusa a los jóvenes de desórdenes públicos y atentado a los agentes de la autoridad. Junto a las penas de prisión, el Govern solicita que los dos jóvenes indemnicen con 75,17 y 112,75 euros a cada uno de los agentes heridos.
La presencia del Govern como acusación en las causas derivadas de los altercados postsentencia del procés ha levantado las críticas de la CUP y los 'comuns', que consideran incompatible la denuncia que el Ejecutivo de Quim Torra hace de la “represión” del Estado mientras a la vez lleva a juicio a los participantes de las protestas.
La Generalitat sostiene que los dos acusados llevaban la cara tapada, lo cual no obstante no impidió, según el abogado del Govern, que agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra observaran a los dos jóvenes huir tras lanzar las piedras. Los agentes “comunicaron la descripción física y vestimenta” de los acusados por la emisora policial afirma el Govern, lo que posibilitó que al día siguiente dos agentes les “reconocieran sin ningún género de duda” y los detuvieran.
De hecho, los testigos de cargo tanto de la Fiscalía como la de la Generalitat los conforman exclusivamente agentes de los Mossos d'Esquadra, por lo que la versión policial de lo sucedido es lo que sustenta las acusaciones. La defensa de los jóvenes, ejercida por el abogado Benet Salellas, solicita la absolución, en un juicio donde el letrado volverá a pedir al tribunal una cuestión de constitucionalidad al considerar que el delito de desórdenes vulnera el derecho fundamental de reunión.
El relato de hechos de la Fiscalía es el mismo que el de la Generalitat, pero las penas que reclama el Ministerio Público son más duras: un total de nueve años de prisión, además de la expulsión de los dos jóvenes, que son de origen marroquí, de España durante ocho años. El juicio empezará el próximo martes en Girona y está previsto que el miércoles quede visto para sentencia.