Estado y Generalitat de Catalunya desempolvan traspasos que llevan décadas encallados

Neus Tomàs

1 de agosto de 2021 21:25 h

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Un periodista que se haya dedicado a la información política en Catalunya durante los últimos 20 años es prácticamente imposible que en algún momento no haya escrito sobre el traspaso de la gestión de las becas a la Generalitat. Está pendiente desde el 2001, hace un año el Congreso de los Diputados se posicionó a favor de que sea la administración autonómica quien gestione estas ayudas para estudiantes, pero sigue todavía en la lista de pendientes. Esta y otras 55 peticiones forman parte del listado que la parte catalana llevará este lunes a la comisión bilateral Estado-Generalitat, que no se reúne desde el 2018. Esa última vez, en la que a un lado de la mesa estaba la actual presidenta del Congreso, Meritxell Batet y en el otro el ahora jefe de filas de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, sirvió para comprobar las importantes diferencias entre ambas administraciones. 

En el encuentro que Pedro Sánchez y Pere Aragonès celebraron en junio en La Moncloa acordaron que la bilateral se reactivase este mes de julio. La remodelación del Gobierno obligó a retrasarla unos días e incluso en el Palau de la Generalitat temieron que se aplazase hasta después del verano. Los preparativos los inició Miquel Iceta cuando aún estaba al frente del ministerio de Política Territorial y los ha seguido la actual titular, Isabel Rodríguez. Ella y la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, han sido las encargadas de negociar los puntos a tratar. La mayoría son peticiones que han ido pasando de un gobierno a otro. Las hay también más recientes como es el caso de la gestión del ingreso mínimo vital, que el PSOE prometió a ERC a cambio del apoyo de los republicanos a los Presupuestos de Sánchez.

Entre las negociaciones que llevan años arrastrándose destacan el pago de la adicional tercera del Estatut, destinada a corregir el déficit en inversiones para infraestructuras, también obras para mejorar el servicio de Cercanías y el traspaso de la gestión del aeropuerto del Prat. El nombramiento de Raquel Sánchez, exalcaldesa de Gavà, como ministra de Transportes y que Renfe esté presidida por Isaías Táboas, también del PSC, puede facilitar la negociación.

En el ámbito medioambiental, el Govern aspira a poder autorizar el traslado de residuos hacia o desde países de fuera de la UE y los permisos para vertidos, obras y la capacidad de poder sancionar en las tasas y cánones por actividades relacionadas con vertidos de aguas.

A vueltas con la ley de la dependencia

Otros de los puntos que volverán a plantearse están relacionados con las políticas sociales, entre ellos, la financiación de la ley de la dependencia. En esta carpeta de pendientes está también la concesión de las autorizaciones iniciales de trabajo en inmigración por parte de la Generalitat, la creación del Centre Nacional de Condicions de Treball de Barcelona y la gestión del Fondo de Garantía Salarial. El Ejecutivo catalán aspira a asumir las funciones no traspasadas en el ámbito las políticas activas de ocupación y prestaciones por desempleo, las funciones y servicios de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Además de las inversiones en infraestructuras y las competencias en políticas laborales, la Generalitat ha recuperado peticiones que afectan a la gestión de la seguridad y que también hace tiempo que están pendientes. Así, se reclamará que los Mossos amplíen sus competencias en el ámbito de tráfico y asuman las de protección de la naturaleza que ahora corresponde a la Guardia Civil.

La parte catalana pretendía que en la reunión de este lunes se abordase también la negociación por los fondos europeos que corresponderán a Catalunya pero el Gobierno dejó claro desde un principio que consideraba que este no era el foro para plantear este asunto. Sánchez instó a Aragonés a asistir a la conferencia de presidentes del pasado viernes para plantear su propuesta pero el president argumentó que en una cumbre como esta era imposible debatir a fondo de ninguna cuestión, tampoco sobre el reparto de los fondos Next Generation y en vez de irse a Salamanca para participar en el encuentro con el resto de sus homólogos prefirió viajar a Ginebra para reunirse con la secretaria general de ERC, Marta Rovira.