La Generalitat remitió el pasado mes de febrero al juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) un informe en el que constataba un reguero de irregularidades en las licitaciones y adjudicaciones de obra pública en los gobiernos de Artur Mas.
El informe, avanzado por El Periódico de Catalunya, se empezó a elaborar por orden del consejo de administración de la empresa de licitación de obra pública de la Generalitat, Infraestructures.cat, la antigua Gisa después de que el juez de El Vendrell requiriera información sobre una decena de expedientes de contratación durante el gobierno de la antigua CiU.
El documento analizó la licitación y adjudicación de 30 obras públicas escogidas aleatoriamente y la conclusión deja en una posición muy delicada la etapa de gobierno de Artur Mas (2011-2015). Así, el informe destaca la “subjetividad” y el importante margen de “discrecionalidad” que había en Infraestructures.cat durante los gobiernos de Mas.
“La mezcla de subjetividad y de ausencia de criterios concretos proporciona un margen de discrecionalidad suficientemente importante para decidir sobre la adjudicación”, indica el documento, que reseña un reguero de anomalías en la tramitación de obras públicas: desde “alteraciones” en los procesos de licitación hasta la falta de informes y la “subjetividad” a la hora de evaluar las propuestas, al valorar más la oferta técnica, que es más subjetiva, que la económica. Todo legal sobre el papel, pero irregular a la práctica.
De hecho, tras la entrada de ERC en el nuevo Govern Puigdemont y en Infraestructures.cat, su presidente, Joan Jaume Oms, ya no forma parte de la Mesa de Contratación de la empresa y es ajeno a cada licitación. También se ha establecido un nuevo sistema de puntuación que introduce la responsabilidad mancomunada de todos los componentes que participan en la valoración técnica de las ofertas, de forma que se documenta cualquier cambio de criterio que se haga.
Asimismo, la empresa está personada como acusación particular en la causa judicial sobre la actuación de su exdirector general Josep Antoni Rosell en la etapa Mas, imputado por su supuesta participación en el caso del 3%.