La Generalitat, a juicio por el suicidio de una presa que había denunciado malos tratos
El suicidio de la interna Raquel E.F. en la cárcel de Brians I llega a juicio. La familia de la mujer reclama a la Generalitat 19.172,54 euros al entender que la administración es responsable del fallecimiento de Raquel, que se encontraba en régimen de aislamiento y había denunciado malos tratos antes de quitarse la vida. La conselleria de Justicia rechaza mala praxis de los servicios penitenciarios y niega relación entre la actuación de los profesionales de la cárcel y el suicidio de la interna. En el juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Barcelona arranca este martes la vista para decidir sobre el caso.
Pese a los intentos de última hora para alcanzar un pacto, los servicios penitenciarios de la Generalitat, como vienen haciendo durante dos años, no advierten una “relación causa–efecto” entre su actuación y el suicidio de Raquel, han explicado este lunes fuentes de la conselleria de Justicia. Al no conseguir que la administración reconozca responsabilidad alguna en el suceso, la familia de la interna, representada por el centro Irídia para los derechos humanos, ha decidido seguir adelante con el juicio.
El caso se remonta al 11 de abril de 2015. Aquel día, la interna se quitó la vida en su celda, donde permanecía desde hacía medio año en régimen de aislamiento. El aislamiento es un régimen en el que los presos pasan unas 21 horas encerrados y en soledad, con solo dos horas de patio o actividades, en celdas aisladas en un departamento especial conocido como DERC (Departamento Especial de Régimen Cerrado).
La familia de la víctima vincula directamente el “fuerte deterioro” del estado emocional de Raquel E.F. que terminó llevándola al suicidio con su encierro en el módulo de aislamiento. Así lo hizo constar la reclusa en visitas y cartas a sus familiares. Además, los servicios psicológicos de la cárcel, según la familia, eran conscientes del “deterioro emocional” de la reclusa pero no aplicaron en ningún momento el protocolo para la prevención de suicidios.
Esta supuesta dejadez de funciones es la clave del caso, pues la falta de “diligencia debida” de los profesionales penitenciarios y sanitarios es lo que, a criterio de la familia, tiene una “influencia directa” en el suicidio de la interna. En la demanda, a la que ha tenido acceso este diario, el abogado de la familia de Raquel E.F., Andrés García Berrio expone varios intentos de suicidio y de autolesión de la interna, que motivaron la retirada de su celda de determinados elementos, pero que no hicieron activar el protocolo de prevención de suicidios.
En septiembre de 2014, la interna golpeó repetidamente el cristal de la ventana de su celda por un ataque de ansiedad; en octubre, propinó varios golpes a la pared; en vísperas de Navidades, intentó incendiar su celda de aislamiento; y en enero se autoinfringió varios arañazos en la cara que le ocasionaros lesiones.
“Tanto los responsables médicos, como funcionariales como directivos del DERC de mujeres de Brians-I eran conocedores de las ideas suicidas y de las prácticas autolesivas de Raquel E.F. los seis meses anteriores a su muerte, en los que permaneció en régimen de aislamiento de manera continuada”, concluye la demanda.
Además, en una carta al juzgado de vigilancia penitenciara escrita antes de quitarse la vida, la interna expresó la dureza que suponía permanecer en aislamiento. Relató además un último episodio de una lista de presuntos maltratos por parte de las funcionarias. Según explicó Raquel en su última carta, dos días antes de su suicidio había estado “muy nerviosa” y golpeando la habitación hasta encontrarse bien, cuando se puso a hablar con otra interna de una celda vecina.
En ese momento, según su narración, dos funcionarias entraron en su estancia con escudos de plástico, la tiraron al suelo y la esposaron. Después le realizaron una “contención mecánica” (atar con correas de brazos y pies del interno a una cama) durante 3 horas. “Al soltarme, en el cacheo, casi me caigo, y una funcionaria me quiso ayudar, pero me asusté y sin darme cuenta la eché hacia atrás. Seguidamente volvieron a atarme y me tuvieron 5 horas más, y 25 horas en A.P. [aislamiento provisional]”, explica la misiva.
Tras una investigación interna, la Generalitat denegó la indemnización que la familia de la interna reclama ahora por vía judicial. “La muerte de la interna no se puede atribuir al funcionamiento del servicio público penitenciario”, zanjó la conselleria de Justicia. Según la versión del departamento, la interna recibió un tratamiento psiquiátrico “constante”.
Las autolesiones de Raquel E.F., abunda la resolución firmada por el exconseller de Justicia Carles Mundó, “tenían un carácter manipulador sin una verdadera intencionalidad autolítica”, esto es, no iban dirigida al suicidio. De ahí que no se iniciara el protocolo de la cárcel. “No había indicadores para activarlo”, zanja el expediente. Justicia también descartó que las inmovilizaciones y reducciones que se le practicaron a Raquel E.F. provocaran los “graves perjuicios” en su salud que relató la propia interna y que sí ve probados la familia. La jueza tendrá la última palabra.
