Paso adelante en la vía de la transparencia y el acceso a la información pública. El Govern ha aprobado este jueves dar un impulso a la apertura de ficheros estadísticos con un nuevo plan que hará que la Generalitat, el sector público y los entes locales publiquen de forma abierta todos los datos que generen, con los únicos límites contenidos en la ley de transparencia, que son todo lo que afecta a la privacidad personal y la seguridad pública, además de los procedimientos considerados secretos por ley.
¿Cuántos pacientes acuden cada día al centro de atención primaria El Remei de Vic? ¿Dónde se registraron los cortes de carretera en las protestas de Semana Santa? ¿Cuántas familias han recibido ayudas para formación musical de menores en el barrio de Sants de Barcelona? Todos estos datos obran en poder de la administración y, la idea del recién llegado conseller Alfred Bosch, es que cualquiera que lo desee pueda disponer de ellas sin intermediarios.
De esta forma el Departament de Exteriores y Transparencia publicará por defecto todos los datos que genere, en tiempo real según se almacenan y con las mínimas modificaciones posibles incorporándolos a la web de catálogos que ya utiliza ahora. El Govern se compromete además a localizar todos los archivos almacenados de épocas anteriores y que sean susceptibles de ser abiertos según el nuevo plan.
Estas obligaciones no se circunscribirán a los ámbitos del Govern catalán, siendo que se extienden a todas las entidades del sector público, como son consorcios, institutos, fundaciones y entidades públicas de cualquier tipo. También a los ayuntamientos y el sector local, lo que supone todo un reto para el Departamento. Según el plan aprobado, será el Govern a través de su consorcio de datos abiertos quien proveerá a las administraciones municipales de las aplicaciones y ayuda necesaria para que implementar la medida.
La estrategia aprobada por el Govern se viene trabajando durante meses y supondrá la adopción de Catalunya de la Carta Internacional de Datos Abiertos, siendo la primera comunidad autónoma que lo hace. Los principios de esta carta obligan, entre otras cosas, a mantener unas garantías de nivel de apertura de los datos, que sean gratuitos, que sean exhaustivos y que cualquiera pueda trabajar con ellos sin necesidad de programas informáticos complejos o poco comunes.