El Gobierno ha ampliado este viernes el alcance del 155 para anular políticas tributarias y en asuntos exteriores del Govern. El Consejo de Ministros ha acordado la liquidación del Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat (cuya actividad ya había suprimido el pasado 27 de octubre) y también ha suprimido la capacidad de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para recaudar todos los impuestos del sector público catalán.
Diplocat era una entidad público-privada participada por la Generalitat que el PP considera que servía para desarrollar labores diplomáticas –competencia reservada en exclusiva al Estado– en favor de la independencia de Catalunya.
La aplicación del 155 el pasado 27 de octubre tras la aprobación de la DUI en el Parlament comportó la supresión de las delegaciones del Govern en el exterior, encargadas de la diplomacia pública de la Generalitat. El pasado 1 de diciembre, además, el Ejecutivo despidió a los trabajadores de las delegaciones.
Además de la liquidación de Diplocat, el Consejo de Ministros ha aprobado dejar sin efecto determinados preceptos aprobados por la Generalitat para la recaudación por parte de la ATC de los tributos y cotizaciones sociales del sector público catalán.
En la pasada legislatura, el Govern había asumido varias competencias autonómicas en fiscalidad, que había enmarcado como una suerte de paso previo para la Hacienda propia en una hipotética Catalunya independiente.
Según el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, como los “mismos responsables” de la agencia tributaria catalana se referían a estas medidas como “estructuras de estado”, el Gobierno ha decidido suprimir este acuerdo. Además, ha explicado que el Ejecutivo central ve las dos medidas anuladas fuera del marco autonómico.
“No existe ninguna otra comunión española que tenga un programa similar”, ha añadido Méndez de Vigo, que ha remarcado que esas disposiciones estaban destinadas a conformar una hipotética “estructura de Estado”.