Las medidas sociales contenidas en el plan de choque ofrecido por JxSí a la CUP son un compromiso del Govern, pero pasan necesariamente por la aprobación de los presupuestos. Este ha sido el principal mensaje del ejecutivo catalán en la primera parte del pleno de urgencia social que ha tenido lugar este miércoles en el Parlament, y que se desarrollará durante dos jornadas. Puigdemont ha ofrecido avanzar en medidas “realistas” durante la legislatura y ha exhibido la creación de estructuras de Estado como la garantía de un país “más justo”. Eso sí, todo ello pasa por que los grupos pasen las cuentas que Junqueras llevará a la Cámara hacia el mes de mayo.
El debate lo ha abierto Teresa Crespo, portavoz de la plataforma Pobresa Zero, que agrupa a 3.200 entidades del tercer sector catalán. Crespo ha alertado sobre el crecimiento de la desigualdad y ha considerado que ante ello no vale con las medidas paliativas a corto plazo. “Pedimos más, pedimos un cambio en la política social, queremos una política social transformadora, que no solo resuelva urgencias y un plan de choque, sino políticas activas”, ha exigido.
Crespo se ha referido también a la ineficacia de algunas de las actuales medidas para los más vulnerables. Por ejemplo, la cobertura del 50% en la beca comedor, que puede ayudar a las familias que en dificultades menos acentuadas pero resultan insuficientes para las familias que no pueden poner el otro 50%. En el mismo sentido ha hablado de la Renta Mínima de Inserción, una ayuda que representa el único ingreso de muchas familias y que fue recortada en 2011, sin que se haya ampliado la cobertura desde entonces.
PSC y CSQEP, que impulsaban el pleno monográfico, han considerado imprescindible cambiar el enfoque de la política fiscal para poder disponer de más recursos. Los dos grupos reclaman aumentar los tipos en impuestos como el de sucesiones o patrimonio. Además consideran que se puede hacer mucho más en la lucha contra el fraude fiscal, donde CSQEP habla de hasta 2.600 millones.
Estas medidas, han explicado los dos grupos de izquierdas, deberían servir para proporcionar la cobertura completa de las becas comedor, una Renta Garantizada de Ciudadanía y el despliegue de la ley contra la pobreza energética, aprobada en el Parlament.
7.000 millones en “deslealtades” del Estado
El Govern considera que algunas de estas peticiones serán asumidas por los nuevos presupuestos, pero vincula el cambio sustantivo en las políticas sociales a la independencia. Puidemont ha repasado la lista de agravios que el Govern viene esgrimiendo ante el Estado, como la falta de financiación de la ley de Dependencia, el déficit estructural de inversiones en infraestructuras o los incumplimientos de la sentencias del Constitucional que obligan al Estado a ceder el 0,7% social del IRPF a Catalunya. El Govern calcula que estas “deslealtades” del Estado le han hecho perder hasta 7.000 millones, una cantidad similar a la que el vicepresidente Oriol Junqueras ha valorado como necesidades financieras para reclamar el FLA de 2016.
Ha sido precisamente el conseller de Economía, Oriol Junqueras, quien ha centrado buena parte de su intervención en detallar cómo piensa llevar a cabo el aumento de recaudación que las arcas catalanas necesitan. Junqueras considera que se pueden mejorar aspectos tributarios ya previstos, como la tasa turística, y que el Estado debería desbloquear otros como el de los depósitos bancarios.
El líder de ERC considera prioritaria la renegociación de los límites de déficit y lograr que el FLA llegue a unos intereses similares a como los oferta el BCE, lo que según Junqueras liberaría 380 millones a Catalunya, un importe que permitiría acometer un plan de choque doble del previsto. Pese a todo eso, se ha mostrado optimista respecto a la mejora de las perspectivas económicas y se ha comprometido a “blindar” las partidas sociales.
Buena parte del Consell Executiu ha pasado por el atril del Parlament para explicar las medidas contra la pobreza que están realizando o prevén realizar desde sus departamentos, aunque todos los consellers han puesto sus esperanzas en la aprobación de las nuevas cuentas. Esto, sin embargo, es solo un paso intermedio del principal cambio en política social que propone el Govern: “Reforzar el estado del bienestar pasa precisamente por tener un Estado”, ha resumido Carles Puigdemont, que ha subrayado que Catalunya genera recursos suficientes por sí misma.