Las dudas sobre la traducción parlamentaria del referéndum del 1 de octubre se han instalado en la mayoría independentista. La búsqueda del Govern de la fórmula con la que satisfacer a los más de dos millones de votantes independentistas y, a la vez, evitar ser acusados de una ruptura unilateral, se ha topado este jueves con un nuevo contratiempo: el Banco Sabadell ha anunciado el traslado de su sede de Barcelona a Alicante.
La espantada bancaria podría aumentar este viernes. CaixaBank, la joya de la corona financiera catalana, ha convocado a su consejo para analizar el traslado de su domicilio social fuera de Catalunya. La reunión se producirá después de que el Consejo de Ministros, previsiblemente, apruebe un decreto para facilitar el cambio de sede de las compañías.
Desde el Govern esgrimen los buenos datos económicos recientes para espantar el miedo a la inestabilidad. Así, aseguran que la inversión extranjera creció en 2016 pero sobre todo en 2017, que el PIB aumentó en Catalunya más que en España, que las exportaciones continúan viento en popa y que el paro baja desde hace dos años.
Pese a esto, el traslado del Sabadell, la cuarta entidad en cuota de mercado en Catalunya, siempre es un golpe para cualquier economía, y el anuncio de la reunión del consejo de CaixaBank ha espoleado el riesgo de una cascada de huidas similares. El mercado no ha castigado este jueves a las entidades catalanas, sino todo lo contrario.
La demostración de fuerza que el pasado martes hizo el soberanismo con una huelga general sin la ayuda de los grandes sindicatos tradicionales CCOO y UGT entraba dentro de los planes de un sector del Govern. Es la llamada “operación prima de riesgo”, una medida que pasaría por agitar la economía como forma de activar la intervención europea en el conflicto entre Catalunya y el Estado.
Las salidas de los grandes bancos, sin embargo, no solo intranquiliza al sector del gran empresariado que durante décadas ha apoyado a Convergència, sino también a sectores decididamente independentistas. Y este miedo ha impactado de lleno en el debate que mantienen los partidos en el Govern sobre una posible declaración de independencia en Catalunya.
La montaña rusa de la DUI
Los partidos que forman Junts pel Sí han reducido sus diferencias después del contundente mensaje del rey, al entender el PDeCAT que las palabras del monarca no presagian ninguna opción para el negociación con el Estado. Sin embargo, el pánico a la huida hacia adelante sigue intacta en el partido exconvergente, y más tras las últimas noticias económicas.
La hoja de ruta en el Govern ha pasado de la improvisación a la montaña rusa según ha avanzado la semana posterior al 1-O. El lunes parecía claro que, después del discurso de los representantes del Govern en la noche electoral, la intención era seguir adelante con la declaración. El martes surgieron las primeras dudas desde el lado del PDeCAT y, el miércoles, la Generalitat se centró en el discurso de la mediación internacional.
Este jueves solo la CUP mantenía tanto en público como en privado que la sesión parlamentaria del próximo lunes debe ser una declaración de independencia formal, extremo que ha cortado de raíz el Tribunal Constitucional con la suspensión de la comparecencia de Puigdemont ante la Cámara que acordaron JxSí y los anticapitalistas en base a la ley del referéndum, suspendida por el alto tribunal.
Esto no quiere decir que Puigdemont no explique en el pleno del Parlament el mismo lunes sus planes para el post1-O, gracias a una petición de comparecencia realizada por el portavoz de Catalunya Sí Que es Pot, Joan Coscubiela en base al reglamento de la Cámara y no a la norma suspendida por el TC.
Con todo, Junts pel Sí se encuentra dividido entre quienes prefieren pagar el precio de decepcionar a los votantes del 1-O y quienes optan por pagar las posibles consecuencias de aprovechar el foco mediático internacional para declarar la independencia. El fin de semana, en días sin cotización bursátil, deberán tomarse las decisiones.