A falta de poco más de 24 horas para que expire el plazo que el Tribunal de Cuentas ha dado a una treintena de dirigentes independentistas para depositar su fianza, el Govern catalán sigue sin encontrar ninguna entidad que quiera avalar a estos ex altos cargos. El conseller de Economía, Jaume Giró, ha anunciado este martes que ninguna de las grandes entidades del país se ha prestado a dejarles ese dinero a pesar de contar con el respaldo del Ejecutivo catalán.
La conselleria de Economía ideó a principios de mes un mecanismo, llamado Fondo Complementario de Riesgos, con una dotación de 10 millones de euros para proteger a estos altos cargos. Este organismo, apoyado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), da garantías a las entidades financieras para que puedan avalar a estos antiguos cargos catalanes. Todos los grandes bancos, sin embargo, han dado un portazo a esta iniciativa del Govern ante los riesgos de la operación a pesar de que la Generalitat insiste en que no hay ningún riesgo “legal ni comercial”.
Giró ha achacado las negativas de los bancos al poco plazo del que ha dispuesto la Generalitat -hace 15 días que se aprobó el decreto- y a la falta del dictamen del Consell de Garanties Estatutaries, que tiene de plazo hasta el 29 de julio para pronunciarse sobre si esta medida se ajusta al Estatut y a la Constitución. “Ha habido muchísimo ruido mediático desde el día que se aprobó el decreto”, ha añadido el conseller.
El Govern preparó una alternativa para una situación como la actual, que consistía en que el propio ICF avalara directamente a los cargos independentistas. Giró ha anunciado, sin embargo, que el ejecutivo catalán no usará esta vía ante el riesgo de acciones contra los trabajadores de este ente. “He decidido no someter a ninguno de los profesionales del ICF a dar curso a una operación que, si tenemos en cuenta los precedentes, provocaría angustia e inquietud tanto a ellos como sus familias”, ha explicado el conseller.
Ante esta situación y la urgencia para encontrar una alternativa -el plazo vence a las 12 de la noche del miércoles-, el Ejecutivo catalán confía en la llamada “caja de solidaridad” cuyos fondos se nutren de donaciones de particulares, entidades independentistas y partidos. “Las entidades y los partidos están trabajando para cubrir la cantidad”, ha precisado Giró, que no ha descartado que finalmente se encuentre algún banco que quiera apoyar la operación, sin descartar la posibilidad de acudir a una entidad extranjera. Giró ha tratado de restar importancia a esta hora límite del miércoles y ha insistido en que habrá “unos cuantos días más” para encontrar el dinero.
El 21 de julio se cumple el plazo para que una treintena de ex altos cargos del Govern catalán -incluyendo a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas- depositen el pago de 5,4 millones de euros en concepto de fianza ante el Tribunal de Cuentas. Según este ente, la cantidad corresponde a presuntos gastos indebidos en la acción exterior del Govern entre 2011 y 2017.