Un guardia civil afirma que hubo “un asedio” en Economía el 20-S pero que el registro se efectuó “con normalidad”
El desfile del centenar de policías y guardias civiles como testigos en el juicio del procés ha arrancado este martes con los agentes que participaron en los registros del 20 de septiembre de 2017. Su declaración no ha traído grandes novedades salvo en el caso de un guardia civil que estuvo en la conselleria de Economía el 20-S y que ha relatado, en contra de la secretaria judicial, que el registro se pudo hacer “con normalidad” pese a la protesta.
El agente solo ha pronunciado la palabra “asedio” cuando ha explicado que fue él quien visionó más de 80 horas de programas de Atresmedia, Mediaset y TV3 para confeccionar un atestado sobre los hechos del 20-S. A preguntas del penalista Jordi Pina, que defiende al expresidente de la ANC Jordi Sànchez, el guardia ha reconocido que descartó del conjunto de grabaciones las que mostraban los conciertos que se organizaron frente al departamento y que se decantó por “imágenes del asedio” porque eran “las más significativas”.
Con esta respuesta Pina buscaba evidenciar que el guardia civil no actuó con imparcialidad en la elaboración del informe y que optó por seleccionar las imágenes que más podían incriminar a Sànchez, señalado junto a Jordi Cuixart por las acusaciones como el responsable de impedir la salida de la comitiva judicial el 20-S de la conselleria. “Las imágenes mas significativas no fueron un concierto, fueron del asedio”, ha reiterado el agente, que ha negado que el ambiente de la protesta analizados los vídeos pudiera describirse como “festivo”. Lo contrario opinan los acusados, que remarcan el pacifismo de la protesta.
Asimismo, el agente ha explicado que, aunque no participó en el registro de los coches que acabaron destrozados, sus compañeros encontraron un bolso y una riñonera en el interior de los vehículos de la Guardia Civil. Uno de esos efectos pertenecía a una persona que había denunciado su sustracción o pérdida ante los Mossos y el otro a un individuo que fue “de los que más hostigaron a los miembros de la Guardia Civil” esa jornada, según investigaciones posteriores. No obstante, en los juzgados de Barcelona no hay ningún procedimiento abierto contra los titulares de los DNI hallados en los coches.
Salvadó, Junqueras y la destrucción de pruebas
El mismo guardia ha explicado que el entonces secretario de Hacienda, Lluis Salvadó, ordenó a su secretaria por teléfono que destruyera documentación de su despacho y tirara los papeles “al patio”. Lo pudieron saber, concreta, porque tenían intervenido el teléfono de Salvadó. El guardia civil ha añadido que encontraron en la papelera un documento roto que pudieron reconstruir, “ocho folios en los cuales se podía leer 'Escenarios posteriores a referéndum'” y que recogía cuatro fases: noche electoral, recuento y programación formal acompañado de actos simbólicos, transitoriedad jurídica y proceso constituyente de transición.
También ha dado cuenta del hallazgo de otros dos documentos: 'Escenario de guerra' y 'Escenario de guerrilla'. Se trataba de “medidas jurídicas y financieras que podía tomar el estado español frente al desafío independentista y las vías de subsistencia que podía tomar contra las mismas Catalunya”.
También ha relatado como a primera hora de la tarde Oriol Junqueras se personó en la conselleria. “Le dijimos que Salvadó estaba detenido y no podía tener contacto alguno. Hizo caso omiso, le dio un abrazo y mantuvieron una breve conversación en catalán. Les dijimos que no podían pasar, pero hicieron caso omiso, no hubo ningún enfrentamiento, pero bueno, un pequeño forcejeo, sí”, ha narrado sobre la actitud del entonces vicepresident.
El “tal Toni”, descubierto
El segundo guardia civil que ha declarado ha servido para confirmar la identidad del “tal Toni” al que varios testigos que diseñaron e imprimieron carteles del 1-O se han referido para señalar al interlocutor que les hizo los encargos en nombre de la Generalitat. Se trata de Antoni Molons, exsecretario de Difusión del Govern y actual responsable de Comunicación.
Y es que el guardia civil que registró el domicilio de Molons ha revelado que encontró allí el teléfono móvil desechable del que el diseñador gráfico Enric Vidal dijo haber recibido una llamada del “tal Toni” con un encargo sobre los carteles del 1-O. El teléfono se encontró en la habitación de la hija de Molons, mientras que la tarjeta prepago SIM del móvil fue hallada “en un jarrón” del comedor del domicilio, ha explicado el agente. Molons se negó a declarar en el Supremo al estar imputado en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.
El mismo guardia civil detuvo el 20-S a la mano derecha de Junqueras, Josep Maria Jové, y lo trasladó a su domicilio de Les Franqueses del Vallès para registrarlo. El agente asegura que desde Barcelona le comunicaron que no era posible trasladar a Jové a un segundo registro en su despacho de Economía ante la protesta que ya congregaba a miles de personas frente el edificio.
No obstante, el agente ha negado que Jové o su abogado, Andreu Van den Eynde, renunciaran a estar presentes en el registro en Barcelona. Una afirmación que contradice lo que sostienen Jové y la secretaria judicial que registró su casa, que certificó que el alto cargo renunció a estar presente en el registro en Economía en su casa, ante varios agentes de la Guardia Civil y su abogado.
El tiempo que tardaron los detenidos en renunciar a estar presentes en Economía es una de las razones que en varios informes el Instituto Armado señala como motivo por el que se alagaron los registros, lo que a su vez permitió que cada vez más personas se concentraran frente al departamento.
Pocas conclusiones sobre la malversación
La sesión de este martes ha empezado con la comparecencia de la que fuera mano derecha de Cristóbal Montoro, el exsubsecretario de Hacienda y Función Pública Felipe Martínez Rico, que ha seguido la línea del exministro y ha apuntado sin pruebas a que la Generalitat pudo burlar los controles de Hacienda para pagar el 1-O.
Martínez ha sostenido que el Ministerio “puso todos los elementos” para controlar el gasto de la Generalitat y evitar que se destinara al 1-O, pero ha matizado. “Luego lo que fuera la realidad material de los hechos….”. Los controles, apunta Martínez, “llegan hasta donde llegan y tienen los limites que tienen”.
Sus respuestas han sido poco concluyentes a la hora de intentar acreditar la malversación. De hecho, ha sostenido que el Ministerio no decía si los gastos de la Generalitat estaban destinadas al referéndum, sino que se limitaba a contestar los requerimientos del juzgado de instrucción 13, como hizo con el informe que redujo la cantidad presuntamente malversada a 813.000 euros.
En este sentido, Martínez ha dicho desconocer si los gastos relacionados con observadores del 1-O –que desde el Diplocat se niegan y se alega que fueron para “visitantes” no relacionados con la votación“– se terminaron de pagar en el mes de enero de 2019 con el 155 en vigor y por lo tanto con el control total de Hacienda sobre las cuentas de la Generalitat.
