La Guardia Civil ha llamado a declarar en las últimas semanas y este mismo miércoles a funcionarios de la Generalitat por la campaña institucional que el Ejecutivo promovió para incentivar la inscripción en el registro de catalanes en el extranjero y la web del Pacto Nacional del Referéndum, ha avanzado Catalunya Ràdio y ha confirmado este diario.
Se trata de la primera actuación de la Guardia Civil contra técnicos de la Generalitat con motivo del referéndum. La actuación policial está enmarcada en unas diligencias que instruye el juzgado de Instrucción 13 de Barcelona por el llamado 'caso Santi Vidal'.
Las primares citaciones se produjeron hace dos semanas. Entre la media docena de testigos citados figuran un cargo de confianza y funcionarios de la Dirección General de Difusión, adscrita a Presidència, y de la conselleria de Exteriors. También han sido llamados trabajadores de la agencia de publicidad a la que la Generalitat encargó la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el extranjero.
A todas estas personas se les toma declaración en el cuartel de la Guardia Civil en la Travessera de Gràcia de Barcelona, donde ha acudido una abogada de la Generalitat. En declaraciones a RAC-1, la consellera de Governació de la Generalitat, Meritxell Borràs, ha lamentado las citaciones de funcionarios. “No me sorprende”, ha añadido, informa Europa Press.
Fuentes cercanas al caso concretan que, como policía judicial, la Guardia Civil tiene autonomía para practicar estas diligencias y luego trasladarlas al juez, aunque el titular del juzgado no ha ordenado ningún interrogatorio concreto. La causa, de hecho, se mantiene secreta.
Un anuncio de “¿Sí o no?”
La campaña investigada es la que la Generalitat lanzó a finales de marzo en los medios de comunicación para promover la inscripción en el registro de catalanes residentes en el exterior, con el lema: “¿Tienes familiares o amigos que viven fuera de Catalunya? ¿Ya se han inscrito en el registro de residentes en el exterior?”, junto a una fotografía de una tableta electrónica en la que aparece el mapa catalán y la pregunta “¿Sí o no?”, en letra negrita.
Tras publicarse los anuncios, la Fiscalía Superior de Catalunya abrió diligencias de investigación por si esta publicidad institucional contravenía las resoluciones del Tribunal Constitucional respecto a que no se pueden ejecutar preparativos sobre el referéndum de autodeterminación.
Finalmente, la Fiscalía se inhibió en favor del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que ha acabado asumiendo en una sola pieza tanto el caso Vidal como la investigación sobre el censo de catalanes en el extranjero. Al estar los dos procedimientos vinculados al desarrollo del proceso soberanista, había pesquisas que se solapaban.
Además, la Guardia Civil también tiene encomendada la investigación que la Audiencia Nacional abrió en marzo del pasado año a entidades y empresas que supuestamente están colaborando con la Generalitat para poner en marcha estructuras de Estado, como los servicios de inteligencia o la Agencia Tributaria Catalana.