Los heridos del 1-O por las cargas policiales pasan a la ofensiva ante la resistencia de la Fiscalía a investigar los hechos. Siete votantes lesionados a consecuencia de la actuación policial han pedido al juez imputar a los mandos de la Policía Nacional que comandaron los operativos antidisturbios en cinco escuelas distintas de Barcelona. Además, han reclamado que declare como testigo el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, el encargado de coordinar la actuación de Mossos d'Esquadra, Policía y Guardia Civil el 1-O.
Las peticiones al juez de los siete heridos, todos ellos representados por los abogados del centro Irídia para los derechos humanos, apuntan a la escala de mando del operativo policial contra el 1-O.
No sólo se querellan por un presunto delito de lesiones y otro contra la integridad moral contra los cinco agentes antidisturbios que presuntamente les golpearon con sus porras y que han logrado identificar gracias a los vídeos que se grabaron de la actuación policial. También reclaman la imputación por los mismos delitos de sus mandos porque, argumentan, la actuación policial “responde a un patrón de conducta observado en distintos agentes”.
Además, piden al juez que solicite a la unidad de asuntos internos de la Policía la copia de las comunicaciones entre el centro de mando del 1-O, ubicado en la Delegación del Gobierno, y los operativos que actuaron en las distintas escuelas de Barcelona. Asimismo, reclaman “identificar” a todas las personas que formaban el centro de mando, “tanto a los mandos policiales como a los responsables políticos que daban las órdenes”, según consta en la querella a la que ha tenido acceso este diario.
En su querella, una mujer que denuncia haber recibido hasta tres porrazos en la cara en la escuela Mediterrània, tal y como muestra el vídeo de la agencia UO, sostiene que la actuación del antidisturbios que la golpeó “no fue aislada”. En este sentido, remarca que el agente que la golpeó “no fue el único” que actuó contra los protocolos policiales, que impiden golpear con la porra en la parte superior del cuerpo.
“Se trató de una actuación policial coordinada y concertada en que varias personas fueron lesionadas como consecuencia de la conducta de agentes que abusaron de su cargo y tenían un ánimo compartido de atentar contra la integridad moral de las personas congregadas frente a los colegios. El mando del operativo estaba en el lugar de los hechos y era perfectamente consciente de lo que pasaba”, abunda el escrito para justificar que no se impute únicamente a los antidisturbios, sino también a sus mandos.
El letrado de uno de los heridos, Andrés García Berrio, ha explicado que el enfoque de la querella se basa en que los patrones de conducta policial “contra la legalidad” del 1-O “no los protagonizó un agente de forma aislada, sino que fueron actuaciones generalizadas al margen de la ley”.
“Los agentes dieron golpes en la cabeza, porrazos, patadas, tirones en el pelo, que se han podido registrar gracias a los vídeos de los propios votantes y a colectivos como Som Defensores”, ha agregado García Berrio, que junto al resto de abogadas de Iridia ha ofrecido asistencia jurídica gratuita a los heridos “en busca de un proceso de verdad, justicia y reparación que afecte no solo a las víctimas que representa sino al conjunto de la ciudadanía”.
El titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona mantiene abierta una investigación sobre las cargas policiales en la capital catalana a raíz de una denuncia de la Generalitat interpuesta el mismo 1-O. El magistrado recibió, en sus propias palabras, “un alud” de denuncias por lesiones por parte de particulares, que ya han empezado a personarse en la causa.