El juez que investiga los preparativos del referéndum ha ignorado la petición de Google para desbloquear las webs del 1-O. El titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, de acuerdo con la Fiscalía, ha aducido que la solicitud de la multinacional no la firma ningún cargo directivo ni tan solo una persona, por lo que “no cabe hacer consideración alguna” sobre el desbloqueo de los portales.
El pasado 4 de mayo, un escrito de Google firmado desde Mountain View (California, EE.UU.) planteó a Ramírez Sunyer que era “innecesario” mantener el bloqueo de cinco webs que se crearon con motivo del referéndum. El bloqueo de los servidores de los portales del 1-O, expuso la multinacional, “podría haber incluso ocasionado un efecto desproporcionado o colateral y haber afectado a proyectos y contenidos alojados en Google Cloud [el sistema de servidores, alojamiento de webs y bases de datos y archivos] que podrían no guardar relación alguna con la investigación” de la votación del 1-O.
En cualquier caso, la compañía trasladó a Ramírez Sunyer que quedaba “a su entera disposición” para “aclarar o precisar cuanto sea necesario”, y confió en que el magistrado resolviera “lo que resulte procedente en relación con el mantenimiento o el alzamiento” del bloqueo de los servidores de las webs del referéndum ordenado el pasado mes de septiembre. Finalmente, lo procedente para el juez ha sido hacer caso omiso del escrito de Google.
En una providencia, Ramírez Sunyer expone que “no ha lugar a ningún pronunciamiento” sobre lo planteado por Google al no haberse presentado el escrito de la multinacional “en forma, firmado y con identificación de quién lo firma”. El juez hace suyo el criterio de la fiscal, que le había pedido no responder a Google “ante la falta de acreditación y designación de persona en el escrito que pueda representar” a la compañía. De esta forma, el bloqueo en las webs del 1-O se mantendrá, a la espera de si Google presenta otro escrito firmado al juzgado.
Jové y Salvadó reclaman ir al TSJC
Por otro lado, las defensas de los exaltos cargos de ERC imputados en la causa Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, diputados en el Parlament desde el 21D, han reclamado al juez Ramírez Sunyer que envíe de una vez por todas la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el competente para investigar a los aforados.
En sendos escritos, las defensas de Jové y Salvadó, que ejercen los letrados Andreu Van den Eynde y Núria Martí, recuerdan al juez que el Tribunal Supremo ya le emplazó el pasado mes de mayo a enviar la investigación sobre ambos diputados al TSJC después de que el magistrado Pablo Llarena rechazara imputar por rebelión a los dos exaltos cargos de Economía. Casi dos meses después, el juez Ramírez Sunyer no ha enviado la parte de la causa referente a Jové y Salvadó al TSJC.
“La investigación se ha conducido sin respeto por el derecho al juez ordinario predeterminado por ley desde hace meses, en clara vulneración de este derecho y de las garantías que debe tener un investigado en un proceso penal”, afean al juez las defensas.
La denuncia de Salvadó y Jové no es la única vulneración de derechos fundamentales de la que alertan las defensas en los nuevos tomos del sumario de la causa de instrucción 13. El abogado David Aineto, que representa al exresponsable de transformación digital del departamento de Trabajo David Palanques, ha advertido al juez de un error en los autos de entrada y registro de la operación del pasado 20 de septiembre: el juez Ramírez Sunyer incluyó, entre los delitos que justificaban la operación, un delito contra la salud pública.
“No creemos que su ilustre señoría buscara plantas de marihuana en los despachos de la Generalitat”, ironiza la defensa, que advierte de la posible nulidad de los autos de entrada y registro. El juez no lo acepta por presentarse el escrito fuera de plazo, pese a que Palanques, uno de los detenidos el 20 de septiembre, no fue citado a declarar ante el juez hasta la semana pasada.