El juez impone una fianza de 15.000 euros a Vox por si acusa de forma “maliciosa” a Torra por los lazos
El partido de extrema derecha Vox tendrá de nuevo un escaparate político en una causa judicial. La formación liderada por Santiago Abascal ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) poder ejercer la acusación popular en la causa contra el president de la Generalitat, Quim Torra, por no retirar los lazos amarillos.
El magistrado Carlos Ramos aceptará al partido en la causa si abona una fianza de 15.000, cantidad que ve adecuada para hacer frente “a las eventuales responsabilidades” en que Vox pudiera incurrir por un “eventual ejercicio malicioso o temerario de la acción penal que pretende ejercer contra la más alta autoridad de la administración pública de Catalunya”, en referencia a Torra, en lo que supone una advertencia en toda regla al partido de extrema derecha.
Además de esta consideración respecto a Vox, el magistrado Ramos, en un auto, pone en marcha la investigación contra Torra por mantener los lazos ordenando todas las diligencias solicitadas por la Fiscalía en su querella salvo la declaración del president como imputado por desobediencia. Lo ha hecho tras constatar que la defensa del president no ha recurrido el auto por el que el TSJC admitió la querella de la Fiscalía.
Así, el instructor requiere al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, que remita un informe actualizado sobre el “debido cumplimiento” de la orden de la Junta Electoral Central (JEC) para que retirasen la “simbología partidista” de las sedes públicas de la Generalitat. También reclama a la Jefatura de la Policía Nacional en Catalunya las actas que los agentes del cuerpo confeccionaron para comprobar si la administración autonómica cumplió con la orden de retirada de “símbolos partidistas” por parte de la JEC.
Asimismo, solicita a la conselleria de Presidencia que le remita “en el plazo más breve posible” una copia del informe de sus servicios jurídicos sobre la exhibición de los lazos amarillos y las pancartas a favor de los presos independentistas durante el periodo electoral. El juez reclama además a Presidencia una copia del informe en el que el Síndic de Greuges instó a Torra a retirar los lazos.
Tras recibir el ultimátum de la Junta, el pasado 20 de marzo Torra anunció que seguiría las recomendaciones del Síndic –que no obstante conocía desde cinco días antes– y, el 21 de marzo sustituyó la pancarta a favor de los “presos políticos” del Palau de la Generalitat por otra con el mismo mensaje, pero con lazo blanco con una franca roja, en vez de amarilla. Ello motivó una nueva resolución de la JEC, que acordó llevar el caso a la Fiscalía, ordenar a los Mossos que retiraran los símbolos de apoyo a los políticos presos y abrir un expediente sancionador al presidente catalán.
Finalmente, Torra decidió colgar el 22 de marzo por la mañana una nueva pancarta en el balcón del Palau de la Generalitat con el lema “Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, que la JEC no ve partidista, por lo que no ha instado a su retirada.
