El juez imputa a la presidenta de los medios públicos catalanes por el coste del anuncio del 1-O
Nueva imputación en el juzgado de instrucción de Barcelona por los preparativos del 1-O. El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer ha acordado investigar a la presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente que agrupa a los medios públicos catalanes, Núria Llorach, ha informado en primer lugar TV3. El motivo es aclarar todo lo relacionado con el coste del anuncio del 1-O que se emitió por los medios públicos. Fuentes conocedoras del caso han explicado su declaración se ha fijado para el próximo 9 de octubre.
El anuncio de las vías con el que la Generalitat llamaba a participar en la votación solo fue emitido por TV3, Catalunya Ràdio y medios privados afines al soberanismo. Los grandes medios con sede en Barcelona se negaron a publicarlo. Los 277.804 euros que costó forman parte de los más de tres millones de euros presuntamente malversados por parte del Govern para el referéndum, según la Guardia Civil, el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y el Tribunal Supremo.
En su declaración como testigo el pasado mes de mayo, Llorach negó que TV3 pagara por emitir el anuncio del 1-O. Explicó que desde el departamento de Presidencia de la Generalitat se indicó que el anuncio era una campaña de servicio público y que no se pagaba, como pasa con los anuncios de prevención de accidentes de tráfico. La directiva indicó además que la CCMA no denunció judicialmente a la Generalitat por el impago, aunque matizó que se reclamó internamente.
No obstante, los investigadores han hallado tres facturas, y que Llorach reconoció en su declaración, que suman 281.404,36 euros por la emisión del anuncio. Desde la Generalitat se le habría indicado a Llorach que incluyera este importe al conjunto de la subvención que reciben los medios públicos cada año, algo que el juez quiere aclarar.
Las acusaciones creen que hay malversación aunque no se abonaran los pagos, ya que la factura implica una obligación de pago y una deuda de la administración con un proveedor. Algunas defensas sostienen que aunque haya factura no hay malversación porque el servicio no se terminó de prestar en su totalidad (como por ejemplo el envío de sobres con notificaciones para los miembros de las mesas del 1-O, que no llegaron a sus destinatarios porque fueron incautados por la Guardia Civil). No obstante, esta escenario no es aplicable en el caso de los anuncios, que se grabaron y emitieron por los medios públicos catalanes.
