El independentismo supera la 'era Puigdemont' inmerso en una batalla interna sin precedentes
Junts per Catalunya y ERC dan por hecho que alcanzarán un acuerdo que permita investir un presidente y formar un gobierno. Ahora bien, del mismo modo que expresan su convencimiento de que lograrán desencallar la legislatura no hacen esfuerzo alguno para disimular sus diferencias. Y si se le suma el tercero en discordia, la CUP, la guerra es ya sin cuartel. Casi dos meses y medio después de las elecciones aún no hay acuerdo sobre quién debe ser el próximo presidente de la Generalitat.
No lo será Carles Puigdemont y es más que probable que tampoco lo sea su preferido para sucederle, Jordi Sànchez. Primero porque se da por hecho que el juez Pablo Llarena no le permitirá salir de la cárcel de Soto del Real. Pero en el caso remoto de que el magistrado del Supremo le autorizarse a someterse a la investidura, esta ahora mismo no podría prosperar. La CUP ha decidido que sus cuatro diputados se abstendrán si llega a votarse el nombre de Sànchez en el Parlament.
Situados en ese punto, la única manera de que los independentistas ganasen la votación sería si antes Puigdemont y Toni Comín renuncian a sus respectivos escaños. No pueden delegar el voto y son dos votos imprescindibles para que Sànchez saliese elegido. ¿El presidente del Parlament, Roger Torrent, lo propondrá igualmente como candidato a la investidura sabiendo que de entrada no cuenta con los apoyos necesarios? De momento la nueva ronda de contactos para sondear a los grupos está anunciada para la próxima semana pero aún no está convocada formalmente.
Tanto ERC como la CUP ven al expresidente de la ANC como una persona demasiado próxima a Artur Mas y le recriminan que intentase utilizar la entidad independentista para defender los intereses de la antigua Convergència. La crónica política en Catalunya se escribe en forma de ucronía aunque siempre mirando de reojo al pasado.
Las tensiones entre los herederos de Convergència (repartidos ahora entre PDeCAT y JxCat) y los republicanos para configurar la pasada legislatura la candidatura conjunta de Junts pel Sí con la que concurrieron a los comicios del 2015 son una broma en comparación de la fractura actual. Tampoco puede compararse con los sucesivos episodios de divergencias que se vivieron en el anterior Govern, las más evidentes a cuenta de quién debía asumir el riesgo de la organización del referéndum.
El vaticinio de Tardà
Al final se está cumpliendo el guion inicial de ERC. Los republicanos recuerdan que ya en campaña avisaron de que Puigdemont no podría ser investido de nuevo y apelaron al realismo. Posteriormente, una vez conocido el resultado, quien habló más claro fue el diputado en el Congreso Joan Tardà, al avisar en una entrevista en La Vanguardia que tal vez sería necesario “sacrificar” a Puigdemont para asegurar la formación del Govern. Tardà tuvo que lidiar entonces con las críticas y reproches de JxCat y afines, pero el veterano dirigente republicano no se retractó. Un mes después, el tiempo le ha dado la razón.
Una vez “sacrificado” Puigdemont y con un Sànchez con muy pocas opciones, el elegido sería Jordi Turull. En la pasada legislatura hizo tándem con la republicana Marta Rovira en la dirección del grupo de Junts pel Sí. Los diputados independientes recuerdan que gracias a ellos se evitó más de una colisión. Los letrados del Parlament guardan peor recuerdo de ellos puesto que les atribuyen buena parte de la estrategia que acabó en el Tribunal Constitucional.
La historia se repite
Las negociaciones para el reparto de las carteras del futuro Ejecutivo han evidenciado una pugna por el poder cuyo máximo exponente ha sido la lucha por acaparar el control de los medios públicos, TV-3, Catalunya Ràdio y la Agència Catalana de Noticies, así como el reparto de publicidad y subvenciones a los medios privados.
En el 2015 este ámbito ya fue motivo de discusión. Entonces se optó por un reparto salomónico de los cargos en la televisión y radio públicas. En el caso de las negociaciones con los medios privados, y tras más de una bronca, se acabaron erigiendo en interlocutores ambos partidos, PDeCAT y ERC. Nada hace pensar que esta vez vaya a ser distinto.
El “gobierno autonómico”, como lo denomina Puigdemont, será el encargado de poner de nuevo en marcha una Generalitat paralizada por el artículo 155 y lidiar con un Ejecutivo central que intentará fiscalizar sus cuentas y movimientos con lupa. Mientras, el bautizado como “Espai Lliure de Brussel·les” pretende mantener vivo el espíritu de la 'república catalana' pero a miles de quilómetros, en la capital belga. JxCat rechaza que se tilde la asamblea de representantes de la República o la presidencia del Consell de la República de organismos simbólicos. Pero será difícil que pueda pasar de los gestos a la concreción, más allá de seguir intentando “internacionalizar” el conflicto catalán.
Se busca compaginar la “épica” de Bruselas con la “gestoría” de Barcelona, como lo resume uno de los dirigentes más afines a Puigdemont. De eso irá esta legislatura. Al menos al principio.
