Cuando tres de los cuatro partidos con posibilidades en la carrera hacia la Moncloa apuestan por la reforma constitucional, cada uno con su propia propuesta, el independentismo catalán rechaza esta vía, al considerarla superada por el proceso soberanista y el resultado obtenido en las elecciones del 27 de septiembre. Las dos candidaturas partidarias de la secesión, Democràcia i Llibertat (la marca de Convergència) y ERC, además del president en funciones Artur Mas, han cerrado la puerta a liderar o participar en una eventual reforma de la Carta Magna en la próxima legislatura, lo que contrasta con el intento de poder responder con ella a las demandas del soberanismo por parte de lo grandes partidos.
El hecho de que Mariano Rajoy hiciera coindicir el inicio de la campaña con el día de la Constitución ha llevado a todos los partidos a posicionarse sobre la actual Carta Magna, en un momento en el que el proceso soberanista catalán, la reorganización estatal y la pretensión de blindar algunos derechos centran el debate electoral. También lo hicieron los independentistas, que al contrario que el PSOE, Ciudadanos o Podemos se han mostrado escépticos sobre las posibilidades de una reforma constitucional para Catalunya, que califican de “cínica” y de “imposible”.
El president en funciones de la Generalitat, Artur Mas, ha respondido este lunes al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que invitó a Catalunya a ser quien liderara la reforma constitucional, un mensaje en la línea de lo expresado en diversas ocasiones por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Mas ha rechazado la propuesta de De los Cobos asegurando que “llevaría a Catalunya una vez más a una vía muerta”. Según el líder de Convergència, el camino de la reforma del máximo marco legal español volvería a conducir a los catalanes a la frustración, “como pasó con el Estatut”.
La negativa por parte del independentismo a esta reforma va más allá del rechazo a que sea iniciada por el Parlament. Según han mostrado en los últimos días, ni siquiera estarían abiertos a pactar un nuevo texto, ya que centran sus esfuerzos ahora en que Catalunya tenga su propia Constitución. Por parte de Esquerra, la negativa ha sido rotunda, al asegurar su secretaria general, Marta Rovira, que su partido no participará en una eventual comisión de reforma constitucional. “Nuestro objetivo no es este”, aseguró Rovira. Los republicanos tildaron la Constitución de “auspiciada por fascistas” y el número uno al Congreso, Gabriel Rufián, se refirió irónicamente a las posibilidades de su reforma asegurando que se requerían “dos tercios del Congreso, dos tercios del Senado y las siete bolas de dragón”.
Tampoco en la derecha independentista la vía de la reforma ha sido bien acogida. Al contrario que ERC, el número uno de Democràcia i Llibertat, Francesc Homs, aseguró que su partido sí podría acudir a una ponencia de reforma constitucional, pero aseguro que siempre sería “para defender el Estado propio”. Según recordó el candidato convergente, “en Catalunya hay mucha más gente que ha votado a favor de la independencia que de la Constitución española”, razón por la cual el objetivo de su partido no es reformar la Constitución “sino hacer una catalana”.
Tres reformas pensando en Catalunya
Ninguno de partidos que han lanzado propuestas sobre la reforma de la Constitución se han olvidado de la situación nacional catalana, y todos ellos entienden que su oferta es la idónea para desincentivar al movimiento independentista. De los tres grandes, solo el PSOE se decanta por llamar a su propuesta “federalista”. Mientras, Podemos opta por hablar de “España plurinacional”, un carácter que quieren reconocer en la propia Constitución, y los de Rivera prefieren no definirse, hablando en el capitúlo de la organización territorial de una “España ciudadana”.
Podemos y sus coaliciones territoriales apuestan explícitamente por un referéndum sobre independencia en Catalunya. Por parte de PSOE y Ciutadans, los programas fijan acabar de cerrar el modelo territorial español blindando las competencias por niveles institucionales. En el caso de los socialistas proponen reconocer “las singularidades de distintas nacionalidades y regiones”, así como trasladar el Senado a Barcelona. Los de Rivera, en cambio, apuestan por eliminar la Cámara Alta y crear un consejo de presidentes autonómicos.