Las instrucciones internas de los Mossos sobre pistolas eléctricas incumplen varios acuerdos del Parlament

Los Mossos d'Esquadra comenzaron a utilizar pistolas eléctricas el pasado mes de junio. Lo hicieron después de que el Parlament aprobara su uso y clarificara cómo debían utilizarse, y amparados en dos instrucciones firmadas por el entonces comisario jefe de la policía catalana, Ferran López. eldiario.es ha tenido acceso a estos documentos internos de la policía autonómica y ha podido comprobar que algunos de sus artículos incumplen con claridad varias de las conclusiones aprobadas por una amplía mayoría de la Cámara.

Entre los aspectos que contradicen el mandato del Parlament se encuentra el uso de las pistolas Taser contra menores, su empleo en prisiones o manifestaciones, qué tipo de agente está facultado para utilizarlas y cuándo y cómo deben grabar los agentes cada disparo. Los Mossos, por su parte, niegan que en las instrucciones haya incumplimientos sino simples “matices para mejorar los acuerdos parlamentarios”.

Las dos resoluciones que regulan el uso de estas pistolas eléctricas son la 4/2018 y la 5/2018 y no habían sido publicadas hasta ahora, pese a que varias entidades defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional o el centro Iridia han reclamado insistentemente al departamento de Interior que las haga públicas. Este diario ha tenido acceso a ellas amparándose en la ley de transparencia y gracias a la intervención de la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP), con la excepción de algunos párrafos que se excluyen para no afectar a la seguridad pública. 

En un análisis pormenorizado de estos documentos, Amnistía Internacional apunta en primer lugar al artículo 5.3 de la instrucción 4/2018. Así, considera que la prohibición de los Mossos de usar los dispositivos eléctricos contra “infantes” se limita a menores de 12 años, tal y como lo entiende la ley catalana sobre los derechos de la infancia, mientras que el Parlament desaconsejó su uso hacia todos los menores de 18 años.

De la misma forma ocurre con la prohibición de usar las pistolas en establecimientos penitenciarios. Mientras que el Parlament aprobó una conclusión que prohibía taxativamente las Taser dentro de las cárceles, los Mossos añaden en su instrucción “exceptuando circunstancias excepcionales, como motines o toma de rehenes”. La Cámara además desaconsejó su uso en manifestaciones, algo que la instrucción también recoge, pero dejando, sin embargo, la puerta abierta a que se usen en situaciones “de extrema y urgente necesidad”.  Amnistía recomienda en cambio que las Taser sean totalmente prohibidas en manifestaciones y alteraciones del orden público, por el alto riesgo de afectar a terceros.

También es controvertida la regulación interna que hacen los Mossos sobre quién puede usar los dispositivos eléctricos. El Parlament acordó restringirla a los jefes de turno de ciertas unidades, todas ellas con funciones de seguridad ciudadana. Las instrucciones de la policía autonómica, en cambio, facultan su uso a “las personas funcionarias de las unidades autorizadas por esta la instrucción vigente sobre armas y herramientas de uso policial y que hayan superado la formación necesaria para el uso de esta herramienta”, sin concretar más.

La cuestión sobre quién podía utilizar las pistolas ya generó controversia durante las sesiones parlamentarias, cuando varios sindicatos policiales pidieron no limitar la distribución de los dispositivos. La ONU, sin embargo, asegura que las Taser “no se pueden distribuir de forma generalizada entre los agentes”. Aunque desde Interior se asegura que solo los mandos tienen acceso a las pistolas eléctricas, en la resolución esto no queda claro.

Sin necesidad de grabar la actuación

El Parlament acordó además que las Taser se acompañasen de dispositivos de grabación personal, para poder dejar registro en vídeo de su uso. Sobre este segundo dispositivo los Mossos redactaron también una instrucción que presenta no menos problemas que la anterior. Por ejemplo, mientras que los legisladores catalanes dispusieron que las cámaras debían grabar siempre que se emplease la pistola eléctrica, los Mossos rebajaron este mandato a “siempre que sea posible”.

A día de hoy, los Mossos cuentan con 134 pistolas (14 de ellas para formación), que han bautizado técnicamente como Dispositivos Conductores de Energía (DEC), aunque son conocidas popularmente por el nombre de la marca que las comercializa: Taser. Se trata de armas paralizantes que se emplean tanto en contacto con el cuerpo como a una distancia de 6 o 7 metros, mediante el lanzamiento de dardos. La descarga que aplica es de 50.000 voltios de bajo amperaje, con el objetivo de atacar el sistema neuromuscular y causar un colapso general por unos momentos a la persona a la que se le dirige el disparo, que puede durar hasta 5 segundos. 

El grupo de trabajo sobre pistolas eléctricas se constituyó en el marco de la comisión de Interior del Parlament en marzo de 2016, y por ella pasaron diversas entidades sociales y expertos de todo tipo. Finalmente, en julio de aquel año el Parlament aprobó las conclusiones entre las que se hacían indicaciones pormenorizadas de cómo debían usarse. La mayoría de ellas se aprobaron con los votos de JxSí, Ciudadanos y PP, mientras que CSQEP y la CUP se opusieron a la adopción de estas nuevas armas. 

Posteriormente, en junio pasado y en vísperas de la dotación de Taser para el cuerpo, el entonces comisario jefe Ferran López firmó las dos instrucciones que ahora se revelan. En julio de 2017 se formalizó la compra de las pistolas. Así, los incumplimientos de las instrucciones internas respecto a las conclusiones de la Cámara se ponen de manifiesto ahora, cuando llevan más de cuatro meses usándose. De hecho en septiembre pasado se empleó por primera vez este dispositivo, en Girona, y el mosso que la utilizó no encendió la cámara por error.

Amnistía Internacional también señala que no se ha realizado una evaluación por un órgano independiente sobre el carácter lesivo de estos dispositivos, tal y como recomienda la ONU, ni se ha equiparado el uso de pistolas eléctricas al de armas de fuego, como reclamó el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura al Reino Unido. La entidad exige además que se establezca un mecanismo independiente de investigación sobre su uso, algo que en Catalunya no se ha producido. De la misma forma, la entidad denuncia que la Direcció General de la Policía catalana se ha negado a facilitarles la instrucción durante meses. 

Los Mossos no ven incumplimiento

Preguntados por estas instrucciones y su adecuación a los acuerdos del Parlament, un portavoz del cuerpo de Mossos d'Esquadra aseguró que en ningún caso consideraban que hubiera incumplimientos. Desde la policía autonómica consideran que las diferencias entre lo acordado por los diputados y las instrucciones internas son “matices para mejorar los acuerdos parlamentarios”. Así, según el portavoz, se introducen “pautas a beneficio del ciudadano y siempre buscando un menor riesgo”.

Entrando en los casos, los Mossos indican que está “claro a nivel interno” que no se puede actuar con Taser contra menores de edad, pero indican que puede darse el caso de una actuación contra una persona que el agente no identifique como menor. Sobre su uso en las prisiones, el portavoz policial explica que, contra el mandato del Parlament, deben habilitarse excepciones para utilizar pistolas eléctricas, por ejemplo ante la toma de rehenes o si corren peligro las vidas de funcionarios.

Por último, respecto a quién está facultado para utilizar estos dispositivos, el portavoz policial explicó que hay “otra normativa” que regula qué agentes pueden utilizarlos y que es algo que “internamente está muy claro”. Sin embargo, prefirió no responder a qué normativa interna se refería ni cuáles eran las pautas que en ella se reflejaban. Desde Amnistía Internacional aclaran que no tienen constancia de la existencia de esta documentación.