Lo ha certificado en decenas de informes aportados a las causas abiertas en Madrid y Barcelona por el proceso soberanista, y este martes lo ha dicho de viva voz ante el juez que investiga los preparativos del 1-O en su declaración como imputada. La interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, ha negado que permitiera cualquier malversación de fondos públicos para el referéndum. Además, para hacerlo, ha usado las palabras del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que desmintió que las urnas del 1-O se hubieran pagado con fondos públicos, abriendo una crisis con el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Según fuentes presentes en la declaración ante el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, la interventora ha recordado que ella misma se aseguró de bloquear las partidas anuladas por el Constitucional con las que los presupuestos de la Generalitat planeaban sufragar el referéndum, que ascendían a 5,8 millones de euros.
También ha reiterado que ninguna de las partidas de las conselleries de las que tuvo conocimiento después sirvió para financiar el referéndum. Por todo ello, la interventora, funcionaria de carrera, ha concluido que de los expedientes de gasto de la Generalitat que fiscalizó no se desprende ni una sola partida destinada al 1-O, tal y como dijo el propio exministro Montoro.
Respecto a las facturas sospechosas del Diplocat, la fundación público-privada que habría financiado gastos de observadores para el 1-O, la interventora ha explicado que al ser una entidad jurídica distinta a la Generalitat ella no ejercía un control previo sobre las cuentas del Diplocat, a diferencia de las partidas de los distintos departamentos. El control se hacía a posteriori. En consecuencia, no ha podido ni validar ni refutar la tesis del juez sobre si la Generalitat pagó directamente gastos del Diplocat para el referéndum.
En este sentido, el juez pidió hace unos días explicaciones a la interventora sobre varias facturas de observadores halladas en el registro contable de la Generalitat y que cree que ésta le ocultó. Y es que Vidal había certificado al juez que el departamento de Exteriores y el Diplocat tenían una partida presupuestaria con la misma numeración, aunque negó que ésta hubiera servido para pagar gastos de visitantes internacionales.
Tanto el juez como la Guardia Civil creen que Vidal, imputada por desobediencia y falsedad, ocultó gastos del 1-O, que en su conjunto ascenderían a 3,2 millones de euros. De hecho Ramírez Sunyer ha llegado a dejar escrito en un auto que la interventora niega gastos públicos para el referéndum “contra las más elementales reglas de la lógica”.
Los otros imputados que han comparecido este martes han sido la vicepresidenta de la empresa de medios públicos catalanes, Núria Llorach, investigada por desobediencia por la emisión por TV3 y Catalunya Ràdio del anuncio del referéndum. Se ha negado a contestar ninguna pregunta. Y la exresponsable de procesos electorales, Montserrat Vidal, ha asegurado que desde el Govern la apartaron de cualquier tarea relacionada con el 1-O antes del verano.
Sobre el supuesto uso fraudulento de los datos personales de los catalanes para el censo del 1-O, el director del instituto catalán de estadística, Idescat, Frederic Udina, ha alegado que el convenio por el que se cedieron datos a Vicepresidència fue legal. Por su lado, el exasesor de Oriol Junqueras Daniel Gimeno ha desmentido, tal y como cree el juez, cualquier participación en la firma del convenio sobre los datos.