El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha admitido la querella de la Fiscalía y ha abierto una investigación contra el conseller de Interior, Miquel Buch, y el exsargento de los Mosssos Lluís Escolà, por haber autorizado que este último realizara labores de escolta de Carles Puigdemont en Bélgica mientras percibía un salario público como asesor del departamento.
En un auto, la Sala Civil y Penal del TSJC nombra a la magistrada Mercedes Armas como instructora de un caso en el que se investigarán los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, castigado con penas de cárcel, por el sueldo de 52.712,26 euros que Escolà percibió entre julio de 2018 y marzo de 2019 mientras era asesor de Interior, cargo en el que la Fiscalía cree que fue nombrado para enmascarar sus labores de escolta del expresident en Bélgica.
En su resolución, los magistrados concluyen que en la querella de la Fiscalía se incluyen “indicios suficientes” para investigar ambos delitos “con independencia” del resultado final de las pesquisas, que cuentan ya con varias diligencias realizadas por la Fiscalía. Por ejemplo, un informe de la División de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra que avala las tesis fiscales, estas son, que el cargo de asesor de Escolà, nombrado por Buch, fue una tapadera para proporcionar un escolta a Puigdemont con cargo a fondos públicos.
Escolà fue uno de los mossos que, fuera de servicio, condujo a Puigdemont hasta Bélgica por carretera en su huida el 28 de octubre de 2017, un día después de la DUI. El exsargento de los Mossos, antes de incorporarse como asesor de Interior, estuvo de vacaciones y encadenó permisos y bajas médicas entre noviembre de 2017 y julio de 2018, cuando fue nombrado asesor. Debido a su prolongada inactividad como sargento de los Mossos, la policía autonómica le abrió un expediente, que terminó con su traslado forzoso desde el área de escoltas a una comisaría de Martorell, sin imponerle sanciones económicas.
La querella del teniente fiscal de Catalunya, Pedro Ariche, incluye varios indicios contra Escolà. Los más claros son los tuits del propio Escolà en su etapa como asesor de Interior en los que detalló que se encontraba en Waterloo (Bélgica) “cuidando” a Puigdemont, tal y como escribió el exsargento de los Mossos el 6 de agosto. Dos meses después, Escolà tuiteó la lista de países que había compartido con Puigdemont tras 45 semanas con el expresident –Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemania Dinamarca, Escocia y Suecia–, a los que el 11 de octubre añadió Suiza y las Islas Feroe.
Según información del propio departamento, los resultados de Escolà como asesor de Interior fueron más bien pobres. Escolà presentó varios informes al conseller, si bien solo dos por correo electrónico, pero no existe registro de entrada de los documentos en el gabinete del conseller. Todos ellos, salvo uno, no están ni firmados por Escolà. Sobre su contenido, el teniente fiscal destaca que los informes “versan sobre una miscelánea de temas absolutamente variada y dispar”, desde el análisis del estado del terrorismo en Europa al uso de nuevas tecnologías o “la figura del sereno”.
Todos los informes no ocupan más de cuatro páginas y están “plagados de generalidades y no permiten extraer conclusión alguna que mejore la actividad del departamento de Interior”. Incluso uno de ellos, de solo folio y medio, es “una copia indisimulada” de un trabajo previo que ya había realizado el departamento. Asimismo, la Fiscalía destaca que Escolà fue nombrado asesor pese a “carecer de los mínimos conocimientos” para el ejercicio del cargo debido a su titulación de bachillerato y el curso básico de escoltas.
Además, la propia conselleria de Interior ha certificado que Escolà no fichaba en su oficina de Barcelona porque, según su versión, los asesores nombrados a dedo “no están sujetas al control horario”, y que por el mismo motivo el exsargento “no percibió ninguna retribución en concepto de dietas, asistencias o indemnizaciones”.