El candidato a president Jordi Sànchez (JxCat) ha pedido a la sala de lo penal del Tribunal Supremo que le permita acudir a su debate de investidura y revoque el auto del pasado viernes por el que el magistrado Pablo Llarena le denegó el permiso para acudir al Parlament. En su recurso, dada la “urgencia del caso”, el candidato sólo pide a la sala que le otorgue “a la mayor brevedad posible” un permiso penitenciario para poder participar presencialmente en la sesión de investidura, y deja para más adelante los argumentos para volver a reclamar su libertad provisional.
El escrito presentado este lunes enumera una serie de derechos fundamentales, que, a juicio de la defensa, su vulnerarán si se impide a Sànchez ser investido, empezando por la presunción de inocencia. “Se le está incapacitando de facto para el ejercicio de un cargo público sin haber sido declarado culpable de ningún delito”, sostiene el recurso, que también ve vulnerados los derechos a la participación política, a la libertad de expresión y el pluralismo político, así como una “grave limitación al derecho de Catalunya a la autonomía política”.
El recurso también apunta a que la condición de preso preventivo de Sànchez “en ningún modo” le impediría el ejercicio del cargo de president, pues todas sus funciones son “delegables”. En otras palabras, que Sànchez tiene derecho a ser president pero que una vez investido el día a día de la presidencia no se llevaría desde Soto del Real, sino desde el Palau de la Generalitat.
La defensa de Sànchez, que ejerce el penalista Jordi Pina, carga contra el riesgo de reiteración delictiva que apreció el magistrado Llarena para negar al candidato su presencia en la sesión de investidura, que estaba prevista para este lunes pero se ha suspendido sine die. Llarena apreció riesgos para el orden público durante el traslado de Sànchez, y también valoró que el derecho solicitado por Sánchez, al tener que ser investido en el Parlament, “no supone sino favorecer la reiteración delictiva visto que la actividad que se investiga se desplegó desde actuaciones legislativas y ejecutivas”.
En este sentido, la defensa acusa al juez de basar su negativa a permitir la investidura de Sànchez en “riesgos sobre el orden público basados en intuiciones personales o riesgos de futuros delitos de improbabilísima comisión”. “¿En qué momento de la conducción se supone que cometerá Jordi Sànchez una nueva sedición o rebelión? ¿Acaso dentro de los furgones policiales que le trasladen al Parlament?”, se pregunta Pina en su recurso, que, al contrario que el juez Llarena, afirma que el riesgo de retieración delictiva “es imposible, ya sea física o constitucionalmente”.
“En un sistema democrático mínimamente respetuoso con las libertades ciudadanas nunca riesgos sobre el orden público basados en intuiciones personales o riesgos de futuros delitos de improbabilísima comisión pueden legitimar vulneraciones ciertas e irreparables de tantos derechos fundamentales y de tan diversos valores constitucionales”, concluye el recurso.
Con este recurso, la defensa de Sànchez agota todas las instancias judiciales españolas, revisando así su estrategia esbozada la semana pasada, que incluía un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo que finalmente no se ha presentado.