Una “causa general contra el independentismo”. Esto es lo que han denunciado este miércoles los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret, que les ha procesado por preparar el referéndum del 1-O y las estructuras de estado de un eventual estado catalán.
En una breve comparecencia indagatoria, Jové, exsecretario general de Economía y muy cercano a Oriol Junqueras y Salvadó, exsecretario de Hacienda, se han acogido a su derecho a no declarar salvo para ratificarse en sus escritos contra su procesamiento, en los que denuncian que su causa judicial no persigue supuestos delitos sino su ideología independentista. La jueza les ha procesado a ambos por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos, y les ha impuesto una fianza de 4,5 millones de euros.
En el auto de procesamiento, que ambos procesados ya han recurrido, la magistrada aprecia indicios de criminalidad respecto a Jové por su “participación activa” en la preparación del 1-O y porque, por su cargo, “conoció y autorizó” gastos superiores a los 2,1 millones de euros para el referéndum ilegal. La jueza, que basa parte de sus indicios contra Jové a partir de las anotaciones en su agenda 'Moleskine' intervenida por la Guardia Civil cuando fue detenido el 20-S de 2017.
Fuentes jurídicas han informado de que después de que Jové se negara a realizar una prueba caligráfica para corroborar que su letra es la de la 'Moleskine', la magistrada ha optado por cotejar su letra con la “firma indubitada” del exnúmero dos de Junqueras que estampó en las notificaciones que recibió del Constitucional para no impulsar el 1-O.
La magistrada atribuye a Jové gastos relacionados con el 1-O que ascienden a 2,1 millones de euros supuestamente malversados, a los que a la hora de imponer la fianza la juez incrementa en un tercio, hasta alcanzar los 2,8 millones. La fianza para Salvadó es de 1,6 millones, relacionados con un programa informático supuestamente vinculado a la gestión de impuestos tras la secesión.
Ambos procesados, que tienen retirado el pasaporte, disponen hasta el próximo 27 de marzo para abonar las respectivas fianzas. En el caso de Jové, la defensa alegará que el dinero ya forma parte de lo depositado en el procedimiento en el Tribunal de Cuentas. Por el contrario, el gasto atribuido a Salvadó es nuevo, por lo que los dirigentes de ERC que han acompañado a ambos procesados al TSJC han hecho una llamamiento para que la ciudadanía haga aportaciones a la Caja de Solidaridad.
Respecto a la incidencia de la causa judicial en la mesa de diálogo con el Gobierno central, en la que está Jové como representante de la parte catalana, el vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha reafirmado este miércoles su confianza en el diputado republicano.