La jueza avala el tercer grado de los presos independentistas pero impide su salida hasta que se pronuncie el Supremo

La jueza de vigilancia penitenciaria número 5 de Catalunya ha avalado este miércoles el tercer grado concedido por las autoridades de la prisión de Lledoners para Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull y los Jordis, pero por el momento los internos no disfrutarán de la semilibertad, a la espera que se pronuncie el Supremo, en calidad de tribunal sentenciador.

La magistrada ha optado por ratificar la adecuación de la medida tomada por las autoridades penitenciarias y de rechazar, por tanto, el recurso que la Fiscalía interpuso contra la progresión al régimen abierto de los presos. Sin embargo, el auto opta por mantener suspendido el tercer grado, por lo que los afectados se quedarán por el momento en la prisión de Lledoners.

El Tribunal Supremo será quien tenga la última palabra sobre el régimen abierto de los presos independentistas. La Sala Segunda ya tumbó en julio pasado los permisos concedidos a Carme Forcadell y se declaró como el tribunal competente para decidir sobre el resto de presos. Debido a este cambio de criterio, la Audiencia de Barcelona le remitió varios de los recursos de algunos internos, que el Alto Tribunal aún no ha resuelto.

El escrito de la jueza es especialmente duro a la hora de calificar la pretensión de la Fiscalía, que había argumentado sobre la necesidad de que los presos independentistas se sometan a un tratamiento específico sobre el delito de sedición. Según considera la jueza, la Fiscalía parece buscar un “castigo ejemplar” en el caso de estos presos poniendo constantes obstáculos a sus salidas y al itinerario penitenciario normal de los penados. Además indica que esto se hace sosteniendo unos principios “más propios del sistema decimonónico” y “muy anteriores a nuestra Constitución”.

La carga de la magistrada contra la Fiscalía continúa argumentando que su posición es “excesivamente persistente” en la “negación total y absoluta” de los progresos de grado y salidas que han obtenido los presos independentistas. Una situación que la jueza considera que se produce debido a que el Ministerio Fiscal trata de conseguir ahora, en la fase de vigilancia penitenciaria, aquello que no obtuvo en la sentencia, es decir, que los penados no pudieran acogerse a beneficios y reducciones de condena.

Por último, respecto al programa específico sobre la sedición que reclama la Fiscalía, la jueza de Barcelona indica que es suficiente con los programas a los que se han sometido y que no puede pretenderse que los afectados reconozcan que han cometido sedición, ya que eso obligaría a los internos a “dejar de expresar libremente sus pensamientos ideológicos al defender la independencia de Catalunya”, una ideología que según recalca es “legítima” dentro de nuestro ordenamiento jurídico.