Nuevo impulso al caso del 3%. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como imputados al extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar y a los representantes legales de 15 empresas y fundaciones por el presunto pago de comisiones al partido a cambio de obras públicas.
En un auto, adelantado por El Periódico y al que ha tenido acceso este diario, el instructor expone que las las empresas y los responsables de la extinta CDC conformaron “una estructura para financiar ilegalmente” al partido a través de las donaciones a las fundaciones Catdem y Forum Barcelona, vinculadas a la formación nacionalista. La investigación del caso, que arrancó hace tres años en un juzgado de El Vendrell (Tarragona), ha arrojado que Convergència habría recibido un millón de euros en comisiones entre 2008 y 2013.
El magistrado, que asumió las pesquisas después de una exhaustiva investigación por parte del juez de El Vendrell que inició el caso, ha citado a todos los investigados para la primera semana de julio, en una investigación abierta por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.
Además de las presuntas comisiones que servirían para financiar ilegalmente el partido, el juez De la Mata apunta otro objetivo de las donaciones: mantener la relación con los “jerarcas” de Convergència para que las constructoras siguieran recibiendo contratos en el futuro. En palabras del instructor, “mantener una buena relación con el partido y ser consideradas así elegibles y ser tomadas en cuenta” para nuevas adjudicaciones. “Simplemente conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de los contratos”, apostilla el magistrado.
El día 3 de julio están citados Osàcar (condenado por el caso Palau) y el constructor con el que se inició el caso, Jordi Sumarroca (familia vinculada a Convergència desde su fundación). La Guardia Civil ha detectado “operaciones fiscalmente opacas” en las cuentas en Andorra de Sumarroca tras ser tras ser detenido por el 3%.
Para el mismo día está citado el exdirector de la empresa pública de infraestructuras de la Generalitat, Josep Lluís Quer; así como los representantes de la constructora Teyco (propiedad de los Sumarroca) y Costraula Enginyeria. Para el 4 de julio, De la Mata ha citado como investigados a los representantes de Urbaser, la fundación ACS, y las constructoras Grupo Soler, Copisa, Tec Cuatro y Oproler.
La ronda de declaraciones la cerrarán el 5 de julio los representantes de las constructoras Romero Gamero, Benito Arnos, Pasquina, Ayesa, Deco, Certis e Impulsa. Los jefes de estas empresas fueron arrestados y puestos en libertad en las sucesivas operaciones que llevó a cabo el juez del Vendrell en la investigación del caso.