Nueva tanda de recursos de los dirigentes independentistas contra su procesamiento por rebelión. La defensa del vicepresident cesado de la Generalitat, Oriol Junqueras, y del exconseller Raül Romeva han reiterado el reguero de vulneraciones de derechos fundamentales que creen que ha comportado la instrucción del magistrado Pablo Llarena. Como novedad, han instado a la sala de lo penal del Tribunal Supremo a “entender” que el conflicto catalán deben solucionarlo los políticos en vez de los jueces.
En el recurso de apelación contra su procesamiento por rebelión y malversación, el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, expone “el verdadero campo de debate” de la causa del 'procés' que se instruye en el Supremo. A criterio de la defensa, este caso determinará “si España tiene o no una democracia madura” y “si los tribunales penales son capaces de entender que el conflicto político debe ser solucionado por medios políticos”.
Junqueras y Romeva lo tienen claro y sostienen que no hubo rebelión ni malversación el 1-O. En consecuencia y coincidencia con sus intereses, la defensa reclama a los tres magistrados de la sala de apelaciones el archivo de la causa que instruye Llarena, algo que tiene pocos visos de prosperar a la vista de resoluciones anteriores.
Tal y como la defensa ya había planteado en anteriores recursos, el escrito carga duramente contra la instrucción de Llarena, a la que achaca falta de garantías procesales, lesión de derechos fundamentales y “persecución” a la ideología independentista “que por sus características pacíficas no debería ser criminalizada”.
“El instructor [Llarena] ha repetido en varias resoluciones la misma idea: no existe la posibilidad de defender pacíficamente la independencia de Catalunya. Ese posicionamiento no sólo es erróneo sino que demuestra una valoración política de los hechos al analizar políticamente escenarios de futuro sobre los que, posteriormente, se dictan resoluciones como la prisión provisional de los procesados”, argumenta el recurso.
Llarena, “inquisidor”
También acusa al juez Llarena de emplear “fórmulas propias del sistema inquisitivo” durante la instrucción de la causa. En concreto, le afea “haber predeterminado de forma explícita” que enviaría de nuevo a la cárcel a los exconsellers el pasado mes de marzo antes de que la vistilla para decidirlo terminara por haber reclamado a la defensa de Jordi Turull “que informara sobre la afectación a los derechos políticos” del por aquel entonces candidato a president.
Junqueras y Romeva critican además al magistrado por carecer de neutralidad en la instrucción e nvestigar con un “sesgo” a favor de la Fiscalía y la acusación popular de VOX. Esto se plasma, abunda la defensa, en la denegación de diligencias planteadas por las defensas, la inclusión de pruebas obtenidas en otros procedimientos –básicamente, el seguido en instrucción 13 de Barcelona– sin someterlas a contradicción de las partes, así como en la forma de llevar los interrogatorios por parte de Llarena.
Así, la defensa considera que el magistrado “permite sin ningún tipo de filtro” que las acusaciones polemicen, reprochen e interroguen a los investigados por temas ideológicos “hasta llegar al punto inadmisible de que el silencio del investigado como el mismo hecho de proclamar su inocencia se valoren como elemento incriminador”.
Forcadell también recurre
La defensa de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ejerce la letrada Olga Arderiu, también ha presentado recurso de apelación contra su procesamiento por rebelión. Como ya hiciera en su recurso de reforma, la defensa apela a la inviolabilidad parlamentaria para pedir el archivo de la causa. En el caso de que se quiera continuar la investigación, Forcadell reclama que envíe al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ya que el Supremo no es, a su juicio, la instancia competente.
La defensa de Forcadell también ha presentado un recurso contra la decisión de Llarena de dividir en dos la causa del 1-O para que las euroórdenes no retrasen los trámites y no dilatar así el juicio contra los acusados que permanecen en España. La defensa achaca la separación en dos de la causa a un “criterio de oportunidad” del juez contrario a las normas, que supone “agravar la vulneración del derecho a la defensa”.