La justicia alemana mantiene su rechazo a extraditar por rebelión a Puigdemont
El tribunal de Schleswig Holstein se ha reafirmado este martes en su rechazo a incluir el cargo de rebelión en el proceso de extradición contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. En una decisión preliminar a la espera del fallo definitivo una vez reciba formalmente la petición de la Fiscalía alemana anunciada este miércoles, el tribunal mantiene su posición del 5 de abril, cuando consideró “en principio inadmisible” la extradición del expresident por rebelión.
El tribunal alemán ha reiterado su negativa a la extradición por rebelión en una respuesta al recurso de la Fiscalía alemana del pasado 9 de mayo. Este mismo martes por la mañana los jueces ya habían rechazado la petición fiscal de encarcelar a Puigdemont mientras se decidiera sobre el fondo de lo euro–orden. En nuevo comunicado, a primera hora de la tarde, los magistrados han abundado en su rechazo a la rebelión.
El ministerio público alemán, que defiende los intereses del Tribunal Supremo español, pedía revocar la negativa a incluir el cargo de rebelión en la extradición del expresident, que también está reclamado por malversación. La Fiscalía, que este miércoles ha anunciado una nueva petición para extraditar a Puigdemont por rebelión, aportó al tribunal vídeos de incidentes entre agentes de los Mossos d'Esquadra, votantes y guardias civiles el día del referéndum, enviados por el el magistrado Pablo Llarena.
No obstante, estos vídeos no suponen un “cambio significativo”, a criterio del tribunal, en la negativa provisional a extraditar por rebelión al expresident que adoptaron en abril. En un comunicado anterior, los jueces han explicado que la fecha en la que se pronunciarán de forma definitiva sobre la extradición de Puigdemont todavía está “abierta”, habida cuenta de que la Fiscalía aún no ha formalizado la nueva petición de entrega a España.
Asimismo, los magistrados tampoco aceptan la alteración del orden público de la que la Fiscalía acusaba a Puigdemont. “Aunque se pudiera aceptar que colocar 2.500 puntos de votación fueran una alteración del orden público, no se podría hacer responsable a una sola persona”, aseveran los jueves.
