El régimen de aislamiento penitenciario es un régimen en el que los presos pasan más de 21 horas al día encerrados en soledad en una celda situada en los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado. El régimen de aislamiento, o primer grado, es el régimen más restrictivo del sistema penitenciario.
Desde el Departament de Justícia de la Generalitat reconocen que hay casos en los que se incumple el mínimo de tres horas de patio al día, que la atención del personal de rehabilitación es insuficiente y que hay centros que no hacen actividades grupales o que no dan la información adecuada a los internos sobre la regresión de grado de ordinario a cerrado. En Catalunya hay 9 centros penitenciarios que tienen departamentos especiales de régimen cerrado.
Ante esta situación, el Departament de Justícia ha puesto en marcha un plan de choque para modificar las condiciones de vida de los presos que se encuentran en este régimen, un 1,7% del total de población penitenciaria (unas 150 personas). Por esto, el director general de Servicios Penitenciarios de Catalunya, Amand Calderó, ha comparecido en la sesión del grupo de trabajo del Parlament de Catalunya para presentar las mejoras que propone. Estas mejoras son el resultado de una auditoría encargada por el Departament de Justícia el año pasado. Este plan de choque ya se está aplicando en los centros penitenciarios de Brians 1 (mujeres), Brians 2 y Quatre Camins. El objetivo es estabilizar el número de internos en aislamiento por debajo del 2%.
En el plan de choque esta previsto reducir el máximo de internamiento en aislamiento de 20 horas diarias a 18; incrementar la atención del personal de tratamiento y la actividad fuera de la celda; ofrecer un programa individualizado del tratamiento en un máximo de 15 días; aumentar las horas de actividad física; y revisar la clasificación de grado cada tres meses.
Estos cambios que se proponen se concretarán a través de una circular que está acabando el Departament de Justícia, a la espera de las conclusiones que saque el grupo de trabajo del Parlament. “El plan de choque es ineficiente, pero es un primer paso”, ha valorado Marta Bolinches, abogada y miembro de Irídia Centro por la Defensa de los Derechos Humanos a la salida del grupo de trabajo. “Aunque reduzcan las horas, siguen siendo demasiadas”, ha opinado.
Calderó ha asegurado que el primer grado no es un castigo, sino un régimen de tratamiento. Una afirmación que desde entidades sociales, como la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) o Irídia, han negado: “Todas las intervenciones de expertos que han comparecido en el grupo de trabajo hasta ahora han manifestado rotundamente que no es un tratamiento porque se ha demostrado que es ineficaz y provoca secuelas”. Estas entidades han lamentado que las medidas del plan de choque vayan dirigidas al régimen de aislamiento, como régimen de vida, y no como sanción disciplinaria.
“Puede haber malas praxis”
En la última sesión del grupo de trabajo, dos presos y un ex preso denunciaron haber sufrido tortura y maltrato en las prisiones catalanas. En declaraciones a este diario, tres ex presas también denunciaron tortura y malos tratos. El director general de Servicios Penitenciarios, Amand Calderó, ha respondido a estas acusaciones asegurando que “no afirmaremos que no pueda haber casos de malos tratos, puede haber malas praxis”. En respuesta a una pregunta de la diputada de la CUP, Mireia Vehí, sobre si tenía constancia de malos tratos, Calderó ha dicho que “no tiene constancia, aunque hay denuncias”. A lo que, ha asegurado, que se ha actuado “de la manera que se tenía que actuar, desde el punto de vista disciplinario y de informaciones reservadas”.
Delante de un posible caso de negligencia por parte de un funcionario, Calderó ha explicado que los Servicios Penitenciarios abren una información reservada, si se derivan responsabilidades disciplinarias abren un expediente disciplinario y se sanciona, y si hay indicios de delito se informa a la Fiscalía.
“Los malos tratos se producen, no son casos aislados”, ha asegurado la abogada de Irídia, Marta Bolinches. “En las prisiones hay mucha opacidad y esto dificulta la tarea de los abogados”, ha matizado. En el último informe de la CPDT sobre aislamiento penitenciario se registraron más de una cincuentena de casos de lesiones graves y casi 1.000 de leves.