En pocas partes del mundo sería verosímil que un partido acuse a sus socios de Gobierno de colaborar con un golpe de Estado en su contra y que, al día siguiente, sigan gobernando juntos como si nada hubiera pasado. Pero Catalunya es una de esas partes del mundo. Aquí nadie está en condiciones de descartar que no sea precisamente eso lo que vaya a pasar después del extraordinario choque que JxCat y ERC protagonizaron este lunes, a cuenta de la ejecución de la inhabilitación de Quim Torra, que ha perdido su acta de diputado pero no así su cargo de president.
A primera hora de la mañana del lunes, el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, anunció que daría cumplimiento al requerimiento de la Junta Electoral para retirar el acta a Torra. Después, la Mesa del Parlament rechazó desautorizar a Muro, y el presidente de la Cámara, Roger Torrent, inició el pleno anunciando a Torra que no podría participar en el pleno. “Defender las instituciones pasa sobre todo por garantizar la validez y la eficacia de todas las votaciones adoptadas al pleno”, argumentó Torrent para retirarle el voto.
Fue entonces cuando los reproches de JxCat contra ERC pasaron de las insinuaciones a la arremetida pública. “Lo que pone en peligro la institución parlamentaria es la retirada de mi condición de diputado”, acusó el president desde el atril. “Ningún secretario general tiene las competencias para cambiarlo y pido al presidente Torrent que garantice mis derechos como diputado”, prosiguió, después de asegurar que “cuando las instituciones democráticas no defienden la voluntad democrática, se degradan”.
Ninguna de las palabras fue tan elocuente a la hora de describir lo que estaba pasando en el Govern y en el bloque independentista como la imagen que registraron las cámaras tras la intervención de Torra. Los diputados y miembros de Govern de su partido se levantaron a aplaudirle, mientras los de ERC permanecieron en sus escaños sin decir palabra. Durante cerca de un minuto, el vicepresidente, Pere Aragonès, sentado al lado de Torra, se mantuvo quieto y con la mirada fija hacia adelante, igual que la mitad del Gobierno y de la bancada independentista.
Una mayoría parlamentaria estaba saltando por los aires, sí, pero eso, en la singular parte del mundo que es Catalunya, no significa exactamente que vaya a haber elecciones. Porque una parte importante de JxCat considera que celebrar ahora los comicios sería perjudicial para el espacio político del centro derecha independentista, que llega sin haber sido capaz de ordenar el ramillete de partidos nacidos de la descomposición de Convergència, sin nuevos liderazgos y con un Carles Puigdemont que está más interesado en desarrollar su carrera como eurodiputado que en las cuestiones de la política interna catalana.
Tampoco para ERC las elecciones ahora son deseables. Los republicanos habían tratado de encajar un calendario calculando que habría urnas entre primavera y otoño, un margen de como mínimo seis meses que les permitía aprobar los presupuestos con los 'comuns' y, quizás, llegar a algún acuerdo de mínimos pero interesante con el Gobierno de Pedro Sánchez en la Mesa de negociación. Con ese capital, acudirían a las elecciones presentándose como el partido del independentismo posibilista, con un candidato, Pere Aragonès, que no brilla por su carisma pero que sí puede funcionar si de lo que se trata es de exhibir gestión.
Pero todo eso, tanto en el caso de JxCat como de ERC, requería de un tiempo que la Junta Electoral y el Tribunal Supremo ha decidido no darles. La maquinaria judicial ha cortado de raíz cualquier pretensión de mantener unos meses más a Torra como diputado, algo que deseaban los independentistas pero también partidos como los 'comuns' así como el Gobierno central, que tiene el compromiso de reunirse con Torra. Nada de eso evitó que el Supremo mantuviera la decisión de la JEC de apartar al president de la Generalitat como diputado y que exigiera su cumplimiento.
Las opciones de Torra
La inédita situación judicial volvía a poner al Parlament en conjunto, de los funcionarios a su presidente pasando por la Mesa, en la tesitura de hacer caso al reglamento interno y enfrentarse a consecuencias penales o cumplir con la orden de la JEC fuera de las vías reglamentarias. Y, a la vez, volvía a encender la chispa del enfrentamiento entre JxCat y ERC, que discrepan profundamente sobre la forma de gestionar este tipo de conflictos institucionales. No era la primera vez. Los socios ya estuvieron a punto de romper cuando el Supremo prohibió investir a Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull, o cuando ordenó suspender a los diputados encarcelados.
Pero las elecciones no son la única opción sobre la que se habla en el entorno de JxCat. Con la seguridad de que Torra acabará siendo inhabilitado en firme por el Supremo en unos meses y teniendo en cuenta que eso supondría, ahora sí de acuerdo con el Estatut y el reglamento del Parlament, el fin de su presidencia, hace semanas que en JxCat hay quien habla de romper la coalición y expulsar a ERC del Govern. Eso permitiría convertir a un miembro de JxCat en vicepresidente, encargado de pilotar el Govern entre la inhabilitación y las elecciones, y lanzarlo ya a la carrera electoral con varios meses de antelación.
Después del pleno de este lunes, todos los partidos saben que están en campaña y, aunque nadie se atreve a predecir si durará dos meses o seis, tampoco nadie quiere perder puestos ni darle al rival una posición de ventaja. Así que, tras la monumental bronca, el pleno se ha acabado suspendiendo este lunes sin previsión de retomarlo hasta la semana que viene y escenificando una suerte de tregua.
Este martes varios de los líderes independentistas que llevan dos años encarcelados acudirán al Parlament por primera vez desde que se aplicó el 155. Un momento idóneo para dejar de darse bofetadas mutuas y, de paso, para abrir una carrera electoral en la que las emociones volverán a tener un papel destacado.