Los letrados del Parlament catalán consideran que la Junta Electoral Central (JEC) no tiene competencias para retirar el acta de diputados ni mucho menos cesar a un president de la Generalitat. Bajo este criterio, los servicios jurídicos del Parlament han redactado un informe en el que avalan la continuidad de Quim Torra como diputado y president, pese a la resolución de la JEC que ordenó ejecutar ya la condena de inhabilitación impuesta por el Tribunal Superior de Justicia catalán. Los juristas consideran que el cese de Torra solo será efectivo ante una sentencia firme.
En el informe, al que ha tenido acceso eldiario.es, los letrados subrayan la autonomía de la Cámara catalana respecto de la JEC, que es, recuerdan, un órgano administrativo con competencias electorales. Según su interpretación, a la Junta no le compete declarar la incompatibilidad ni la “inelegibilidad sobrevenida” de un diputado, función que correspondería hacer a cada parlamento con sus propios miembros. “El Reglamento del Parlamento regula el procedimiento de declaración de incompatibilidad de los diputados, con exclusión de la intervención de otros órganos”, recuerdan.
Asimismo rechazan que pueda destituirse al president de la Generalitat mediante ningún otro mecanismo que los dispuestos por el Estatut y la ley de Presidencia de la Generalitat. Ambas leyes, la primera de ellas con rango de ley orgánica, establecen como causa de cese en el cargo de president que este haya sido condenado a la inhabilitación mediante sentencia firme. Una circunstancia que no se da en el caso de Torra, pues aún tiene posibilidad de recurrir la sentencia al Tribunal Supremo, como así ha hecho.
En la misma línea, los juristas indican que ni siquiera en el caso de que Torra perdiera la condición de diputado eso significaría un cese automático del cargo de president. “Hay que señalar que hay elementos suficientes, tanto a partir de una interpretación sistemática de las normas que regulan la institución de la presidencia, como de naturaleza lógica y gramatical, para considerar que la eventual cese en el cargo de diputado por causa de incompatibilidad no afectaría su continuidad en el cargo de presidente de la Generalitat”, indican. Una afirmación que choca con las alegaciones enviadas por los propios letrados al Supremo tras la resolución de la JEC, cuando sí entendían que cesarle como diputado suponía expulsarle de la presidencia.
Con estos argumentos, el informe asume que el acuerdo de la JEC del pasado 3 de enero debe ser considerado “nulo de pleno derecho”, pues a su entender se salta las competencias reconocidas para un organismo de arbitrio electoral y vulnera leyes de mayor rango. El informe de los juristas hace una lectura garantista de la legislación, con el objetivo de garantizar que Torra puede ejercer los derechos dispuestos en el artículo 23 de la Constitución, favorables a la participación política.
El texto, firmado conjuntamente por el letrado mayor, Joan Ridao, y por su predecesor, Antoni Bayona, será el principal apoyo con el que contarán los grupos independentistas este martes para defender en la reunión de la Mesa la continuidad de Torra. El presidente del Parlament ya comunicó la semana pasada al jefe del Govern que garantizaría su participación en el pleno y que la Cámara seguiría reconociéndole como diputado. Sin embargo este lunes Ciudadanos registró una solicitud en la que exigía que la Mesa retirase el escaño a Torra, en virtud de la resolución de la Junta Electoral.