Los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión desde el pasado lunes, han negado que la manifestación que convocaron el pasado 20 de septiembre frente la conselleria de Economia buscara obstaculizar el registro que la Guardia Civil efectuó en el departamento, y han asegurado que desconvocaron la protesta para “facilitar” la salida de los agentes del departamento.
En su recurso, el líder de la ANC muestra una discrepancia total con los hechos y los criterios –destrucción de pruebas, reiteración delictiva y riesgo de fuga– por los que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó su ingreso en prisión incondicional el pasado lunes.
En primer lugar, el letrado de Sànchez, Jordi Pina, recuerda que ambos líderes convocaron una protesta pacífica, y que además, al filo de la medianoche, la desconvocaron y pidieron a la gente que todavía quedaba frente a la conselleria “que se marcharan de forma pacífica y tranquila, a pesar de que una buena parte de los manifestantes se oponían abiertamente a ellos”. Es decir, que desconvocaron la protesta pese a que los manifestantes querían seguir.
También señala que Cuixart, tras desconvocar la protesta, organizó un “cordón humano” para “facilitar” la salida de los agentes de la Guardia Civil de la conselleria una vez terminado el registro.
Y apostilla el recurso que no hubo sedición alguna porque ni Sànchez ni Cuixart mantuvieron una “actitud violenta, intimidatoria u hostil” durante la protesta, los requisitos necesarios del “alzamiento público y tumultuario” que determina el delito de sedición. Todo lo contrario: resalta que los líderes soberanistas hicieron “constantes esfuerzos” para una movilización pacífica.
Reproches para la jueza, el fiscal y la Guardia Civil
El recurso contiene duros reproches contra la magistrada, el fiscal y la Guardia Civil. Los más contundentes son los dedicados al Instituto Armado, a quien acusa de aportar nueva documentación a la causa “por iniciativa propia”, es decir, sin que se lo pidan la jueza o el fiscal, para vincular la protesta del 20 de septiembre con el 1-O y la independencia de Catalunya.
Esta actuación “absolutamente irregular” de la Guardia Civil, añade el escrito, no sería relevante si la jueza y el fiscal no hubieran hecho suyos los argumentos del Instituto Armado. Sin embargo, la defensa sostiene que ambos togados usaron las tesis de la Guardia Civil para justificar la prisión por “un hipotético e inexistente” riesgo de reiteración delictiva en Sànchez.
Reprocha también la defensa a la magistrada la argumentación “genérica y parca” para enviar a prisión a Sànchez en base al riesgo de fuga y la destrucción de pruebas. “Con los debidos respetos, si el señor Sànchez hubiera querido fugarse ya no habría comparecido el pasado lunes”, ironiza el recurso.
Además, la defensa muestra su sorpresa porque la magistrada fundamentó el envío en prisión en el presunto riesgo de huida y la destrucción de pruebas cuando en la vista previa para pedirla el fiscal solo había argumentado la reiteración delictiva. Y en una crítica velada a la magistrada, el recurso le recuerda que el envío de un imputado a prisión “no puede basarse en meras intuiciones o sospechas personales”.
Por su lado, el fiscal también recibe críticas. Según el recurso, en la vista para pedir la prisión de Sànchez, el fiscal Miguel Ángel Carballo avaló que el líder de la ANC no quisiera contestar a las preguntas del fiscal, pero consideró que este derecho “quebranta la igualdad de armas del procedimiento que impide al Ministerio Fiscal llevar a cabo su función correctamente”, y le afeó que “alguien que no tiene nada que ocultar y que realmente se considera inocente sobre los hechos” no mostrara “una actitud colaborativa” con la Justicia.
“La atribución por parte de la Fiscalía de carácter incriminatorio y motivo para
solicitar prisión al hecho de que un investigado decida guardar silencio supone
una grave vulneración de los derechos procesales de Sànchez“, asegura el recurso. Este extremo, sin embargo, no se contempla en ningún momento en el auto de la magistrada.
Por todos los derechos vulnerados, la defensa pide no solo la puesta en libertad inmediata de Sànchez, sino también la nulidad de la causa.
La independencia no se logra manifestándose
Asimismo, el líder de la ANC replica a la magistrada y al fiscal, que creen que la finalidad última de Sànchez y Cuixart con la protesta era la independencia de Catalunya. El recurso considera “obvio” que no se puede lograr la independencia de Catalunya mediante una manifestación como la del día 20 de septiembre.
“La independencia de una parte del territorio del Estado español no se consigue manifestándose varios miles de personas durante algo más de veinticuatro horas ante las dependencias de la Conselleria de Economia de la Generalitat de Catalunya”, asegura el recurso.
Además, ambos líderes independentistas reiteran que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para investigar un delito de sedición al tratarse de un delito contra el orden público, por lo que debería comandar las pesquisas un juzgado de Barcelona. Por contra, la jueza enmarca la presunta sedición no como un delito de orden público sino contra la forma de Gobierno al atribuir a Sànchez y Cuixart la finalidad de cambiar “ilegalmente” la organización territorial del Estado mediante la independencia de Catalunya.
En este sentido, el recurso advierte que la investigación por sedición de la Audiencia Nacional, al hacerse, a criterio de Sànchez, sin la competencia para hacerlo, supone vulnerar el derecho fundamental de todo ciudadano a un juez predeterminado por ley y lesionar el derecho a un juez imparcial.
La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó el pasado lunes el ingreso en prisión incondicional de Sànchez y Cuixart por un presunto delito de sedición, una decisión criticada tanto por políticos independentistas, 'comuns' y del PSC como por colectivos de abogados.
La jueza considera que las protestas que ANC y Òmnium convocaron frente a la conselleria de Economia el pasado 20 de septiembre solo buscaban impedir el trabajo de los agentes de la Guardia Civil que registraban el departamento. No obstante, reconoce que aunque los manifestantes destrozaron tres coches de la Guardia Civil, los llamamientos de Òmnium y la ANC a las concentración iban acompañados de la solicitud de que fuese pacífica.
“La convocatoria de una manifestación pacífica y la reiteración de su carácter pacífico durante toda la jornada es incompatible con la inducción de un delito de sedición”, insiste el recurso.